Varias decenas de mandatarios se reunirán mañana en Paipa para hablar de los graves problemas que afrontan con sus comunidades por el recorte de recursos por parte de la Nación.
Los alcaldes de Boyacá sienten que el Gobierno Nacional los tiene «entre la espada y la pared». Por un lado, sus comunidades cada vez les piden más, especialmente por situaciones que se han propiciado a partir de la pandemia del COVID-19; y, por el otro, cada vez se anuncian nuevos recortes por parte del Gobierno Nacional, lo que los pone en una situación de desespero.
Ninguno de los mandatarios quiere proclamarse como promotor de la reunión, que se realizará en el Paipa Hotel y Centro de Convenciones, pero todos coinciden en que la pandemia los ha puesto al límite, pues cada vez hay más personas necesitadas que requieren ayudas; los ingresos de los municipios se han reducido y las situación presupuestal no alcanza para responder a las expectativas de los gobernados.
A través de los grupos de WhatsApp que tienen los alcaldes se empezó a conocer de la preocupación y reclamo que tienen muchos de ellos, y se pusieron de acuerdo en la necesidad de una reunión para pronunciarse ante el Gobierno Nacional. El alcalde de Paipa, Fabio Alberto Medrano, dice que entiende que a ellos (los alcaldes) les toque poner la cara pero que ahora hay nuevas exigencias que representan aumento de gastos mientras los ingresos de las entidades territoriales se reducen.
En el caso de Paipa, el año pasado hubo una reducción de cerca del 90 por ciento de turistas, lo que se tradujo también en reducción de ingresos para la localidad. Otros alcaldes se quejan de que, por ejemplo, el Gobierno Nacional autorizó el incremento en el salario de los concejales que, se lo merecen, pero ese gasto adicional debe salir de las arcas locales.
De la misma manera, también hubo orden de aumentar los salarios de los comisarios de familia de los municipios de quinta y sexta categoría, que también lo merecen, pero esos recursos también deben ser dispuestos desde lo local.
El alcalde de Monguí, Oswaldo Pérez Quiroz, dijo sobre el particular que tanto los concejales como los inspectores de Policía se merecen esos incrementos, pero que la Nación no está ayudando con nada a cubrir ese sobrecosto. “No puede ser posible que un concejal, que representa a la comunidad, se gane menos del mínimo, pero el problema es que en este momento los presupuestos municipales están muy ajustados para poder cumplir con esa obligación”, indicó Pérez Quiroz.
El alcalde de Socotá, William José Correa, señaló por su parte que hay recortes presupuestales por parte del Gobierno Nacional de partidas para programas sociales, pero que eso no lo entiende la gente, que generalmente protesta ante los mandatarios locales.
Otro tema que tiene molestos a los alcaldes es el del suministro de vacunas contra el COVID-19, pues mientras el Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Salud, todos los días anuncia la llegada de nuevos lotes e informa que hay grandes cantidades para distribuir, a los pequeños municipios y ciudades no llegan la cantidad de vacunas que demanda la gente.
En el caso de Paipa y Puerto Boyacá, por ejemplo, no les están llegando sino 1.000 o 1.200 vacunas cada semana, pero las dos localidades necesitan más de 10.000 para atender la demanda.
La situación se genera porque el Ministerio de Salud unificó la vacunación para ciudades de menos de 50 mil habitantes, anunció que enviaría vacunas, pero no estudió cuánta población puede haber en esas dos ciudades con edades entre los 18 y los 39 años.
Frente al déficit tan grande a los alcaldes les ha tocado salir a dar explicación de que el Gobierno Nacional es el que no ha enviado todas las vacunas que se requieren. “Muchas tareas que hoy el Gobierno Nacional nos está delegando vienen con cero pesos”, indicó el alcalde de Monguí para quien las medidas del Gobierno Nacional le han estado ‘llenando la copa’ a los mandatarios locales: los recortes al programa de Familias en Acción, los sistemas de los recursos del Sistema General de Participaciones; además del ajuste presupuestal que ha ocurrido por la necesidad de cubrir los costos de la pandemia del COVID-19.
“El Gobierno expide normas y circulares, le exige a los alcaldes, pero aquí la situación es particularmente difícil, especialmente para los municipios de quinta y sexta categoría, que ya no tenemos como cumplir los requerimientos en temas de salud, vías, educación…”, subrayó el alcalde de Monguí, Oswaldo Pérez Quiroz.
Algunos alcaldes se quejan de que hay «recortes presupuestales» y claro tienen razón, porque como ahora los procesos de inversión pública se deben obligatoriamente someter a los pliegos tipo, pues se entiende su » preocupación».