Las explicaciones que debe la justicia entorno a Comfaboy y su EPS

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En el caso de Comfaboy son muchos los responsables a la hora de las explicaciones en varios frentes. En este caso las preguntas, entre otras, van para el senador Senén Niño, quien manejó con la ministra de trabajo Clara López el nombramiento de los representantes de los trabajadores ante el Consejo Directivo, pero luego se sabe de supuestos arreglos con la dirección de la Caja para efectos burocráticos que favorecen a sus familiares. De igual modo, la dirigente del magisterio y coordinadora del Polo Democrático, Marlén Torres debería explicar ante los afiliados su actuación en el Consejo Directivo de Comfaboy, ante los últimos acontecimientos, en especial con el cierre de la EPS, donde las irregularidades encontradas por la Supersalud, parecen de extrema gravedad.

Las explicaciones que debe la justicia entorno a Comfaboy y su EPS

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Lo que dicen las noticias es que el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, se dedicaba a hacer contactos al más alto nivel ante organismos como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y las superintendencias a efectos de acomodar las investigaciones que en estos entes pudieran iniciarse contra ciertos personajes, o eventos que impliquen actos de corrupción, como podría ser el Caso de la EPS de Comfaboy.

Ricaurte, como se sabe, fue contratado por Comfaboy desde 2015, a costos superiores a hoy, de 200 millones de pesos; en el papel se dijo que remuneraban la defensa que haría en procesos laborales contra la Caja, sin que haya hecho actuación alguna de manera directa en ninguno de ellos, tal como ya está probado; pero, en cambio, está la coincidencia, que puede ser evidencia, de que la Fiscalía General de la Nación, no ha empezado ninguna investigación seria, a pesar de las innumerables denuncias recibidas, ante situaciones que se consideran de suma gravedad en el manejo administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá.

Así como tampoco han avanzado las investigaciones, no obstante la cuantía de los recursos públicos que se pagaron y que al parecer no se prestaron los servicios, tal como lo encuentra la Superintendencia de Salud, en reciente auditoría forense, donde se han identificado presuntas graves irregularidades en el sistema de contratación para el cumplimiento del objeto social de la EPS, la cual acaba de ser cerrada bajo el mentiroso argumento de que fue para favorecer los recursos del Subsidio.

La remoción de una fiscal

Sorprende todavía más que la fiscal Quinta de Tunja para la Moralidad Administrativa, Cristina del Pilar Sarmiento García, cuando determina iniciar en serio las investigaciones solicitadas, para saber qué había pasado con el manejo de la EPS de Comfaboy, y solicita, con mensaje de urgencia ante el Superintendente de Salud la asignación de un peritaje especializado, se procede a su traslado inmediato, siendo reemplazada por otro funcionario que apenas llega a enterarse del caso, lo cual hace suponer que es otra forma de dilatar las investigaciones y/o crear otros escenarios donde las pesquisas tomen rumbos acomodaticios.

Entonces surge la pregunta que se están haciendo en círculos allegados a la misma Fiscalía y a la Caja en el sentido de que la verdadera acción del exmagistrado ha estado, no dirigida a lo que se comprometió en los contratos de asesoría, sino para neutralizar las acciones de la justicia en la investigación y castigo de los presuntos delitos que pueden o pudieron estar acaeciendo al interior de la Caja.

Las explicaciones que se esperan

Las partes interesadas en saber lo que ha pasado con el manejo de la EPS y el tema de los sobre costos en el desarrollo de obras para programas sociales, que presta la Caja, también esperan una explicación amplia y suficiente de la Dirección de Fiscalías en el Departamento que hasta hace poco estuvo bajo la responsabilidad de Gladys Constanza Medina Brando, esposa del entonces ministro de justicia, Jorge Eduardo Londoño. La Señora Medina fue recientemente reemplazada por quien curiosamente en el año dos mil, Javier Díaz Villabona, fue sancionado por favorecimiento a personajes con dificultades con la justicia, en materias de narcotráfico, en el Valle del Cauca.

Ante esta circunstancia, y con lo que ya se ha denunciado en materia de hallazgos por parte de la Supersalud en el caso de la EPS, se ha solicitado en las últimas horas al Procurador General de la Nación, blindar el proceso y garantizar la objetividad y la imparcialidad sobre los resultados de la conclusión de la auditoría especial adelantada por la Supersalud que, en primera instancia, ha encontrado graves irregularidades en el manejo de los recursos de la salud destinados a los más de 100 mil usuarios que atendía la EPS, de los cuales, la mayoría forman parte del segmento de la pobreza extrema de la población en el departamento de Boyacá. Aquí surgió un temor adicional en los últimos días, y es que la investigación pudiera ser archivada o desviada, aprovechando la suspensión del Superintendente de Salud por parte de la Procuraduría.

Gladys Constanza Medina, directora Dirección de Fiscalías Seccional Boyacá. FOTO / Hisrael Garzonroa - EL DIARIO
Gladys Constanza Medina, directora
Dirección de Fiscalías Seccional Boyacá. FOTO / Hisrael Garzonroa – EL DIARIO

¿Qué dirán Senén Niño y El Polo Democrático?

También se espera que el senador del Polo Democrático, Senén Niño Avendaño, exdirigente sindical del magisterio, como quiera que llegó a la presidencia de Fecode (el magisterio es uno de los principales aportantes a la Caja), explique cuál fue el criterio que tuvo para darle el respaldo incondicional a actual Director Administrativo de Comfaboy, no obstante siendo conocedor de las presuntas graves irregularidades acaecidas en la entidad, denunciadas por empresarios y trabajadores.

En todo caso, se sabe que gran parte de la familia del Senador Senén Niño terminó siendo nombrada en altos cargos de la Caja de Compensación Familiar. Los boyacenses, en estas condiciones merecen la explicación más amplia y precisa por parte del Senador.

Las mismas explicaciones se esperan de la Coordinadora del Polo Democrático en el departamento de Boyacá, la profesora Marlén Torres, quien hoy hace parte del Consejo Directivo de Comfaboy; de ella se sabe que en cambio de ejercer e impulsar las investigaciones solicitadas, haya decidido hacer silencio y apoyar de manera incondicional a la actual administración de la Caja, altamente cuestionada y con serias evidencias oficiales de malos manejos, según la entidad de control del ramo, la Supersalud.

Amplios sectores de los trabajadores en el departamento se preguntan por qué esta dirigente optó por apartarse de los postulados de su partido, el Polo Democrático, los que, se supone, son la lucha indeclinable contra la corrupción.

¿Qué opinará el Sr. Candidato presidencial Jorge Robledo? ¿Qué les explicará la Sra. Coordinadora del Polo democrático a sus compañeros docentes, de cuyos bolsillos salen jugosos aportes para la Caja? Y, como docente, esta señora ¿qué le puede decir a sus alumnos en la dimensión ética y moral? Son preguntas complementarias.

Otra vez Plinio Olano

En estos días se ha conocido que al parecer el exsenador Plinio Olano y las altas directivas de Comfaboy buscan persuadir a jueces, magistrados y fiscales para que tomen decisiones en contra de algunas personas que suponen han llevado el proceso de averiguación de los presuntos malos manejos en la Caja en los últimos siete años. Incluso, algunas de estas personas han recibido llamadas, que no se sabe si son de alerta o de intimidación, en las cuales les comunican las acciones de Olano y los demás interesados en que las investigaciones no prosperen, donde les advierten que sus puestos de trabajo están en riesgo o que pueden afrontar graves contradenuncias.

Que actúe la justicia

Es lo que se espera cuando se ha desatado el escándalo del cartel de la toga; que llegó el momento para que la fiscalía demuestre que no estaba cooptada por el expresidente de la Corte Suprema, el exmagistrado Francisco Ricaurte, ni que desde la Fiscalía se actúe para desviar, engavetar o congelar proceso, y que, por el contrario, decida de manera ejemplarizante y eficaz adelantar las investigaciones y concluirlas a efecto de proteger los recursos que les corresponden a los boyacenses y en particular a los trabajadores afiliados a la Caja, y a la población más vulnerable, en el caso de los afiliados a la EPS; y, que también se establezca y se demuestre que la Fiscalía no tiene “ningún tipo de favorecimiento” con el exsenador Plinio Olano, tanto en el caso de Odebrecht, como en las actuaciones que este haya ejercido o esté ejerciendo presuntamente para favorecer actos dolosos en el manejo de Comfaboy, si no con el beneplácito de los entes de control, sí con el silencio de estos.

Lo único cierto de lo sucedido hasta aquí, es que la Rama Judicial en el departamento de Boyacá también es corresponsable de todos estos escándalos por los presuntos malos manejos, en virtud de que uno de sus funcionarios la representó allí como integrante del Consejo Directivo de Comfaboy, de quien valdría conocer cuál fue el perfil de su participación en la toma de decisiones.

¿Qué dirán los empresarios y el Consejo directivo?

Finalmente es imperativa la reflexionar sobre cuál es el papel de los empresarios respecto a este triste episodio en el manejo de sus recursos, máxime cuando se trata de su responsabilidad social empresarial que debe cumplir la Caja en su nombre; y, mucho más, qué pasa con los dirigentes sindicales que lo único en que se han hecho notar es por el hermético silencio y la falta de entereza para defender los intereses de sus representados.

Y para los integrantes del actual Consejo Directivo, la pregunta es: ¿hacen parte de un organismo autónomo e independiente o han sido cooptados por este presunto irregular y escandaloso manejo de la entidad que no toma ninguna determinación que tienda a mejorar el rumbo y el destino de la entidad?

 

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