Las cuentas oscuras del último presidente del Reino de élites

Presidencia

Por | Manuel Restrepo

La pandemia fue excusa para endeudar al país hasta su máxima proporción, las cuentas son oscuras, y el último gobierno de la seguridad democrática que termina con un presidente cuestionado, abucheado e irrespetado, que recibió un país en transición a la paz y lo regresó a la degradación y la barbarie no quiere aclararlas. Sus actuaciones de arrogancia y odio impedirán que la historia le reserve un lugar en la tribuna de los verdaderos estadistas. Las malas cifras comienzan con su mínima popularidad, el rechazo que tiene adentro de su mismo partido y la desaprobación total de la sociedad por sus actuaciones insolentes, inmaduras y nocivas antes de irse de palacio queriendo dejar al país en llamas. Las cuentas del poder en las páginas de pérdidas y ganancias por las que responde políticamente el presidente están llenas de vacíos en todas sus dimensiones. Las violencias superaron las agendas de la paz definidas por el estado, masacres, asesinatos selectivos, mutilaciones, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, continuidad del genocidio y revictimizaciones llenan las páginas con balances negativos en aplicación de las estrategias de la seguridad democrática forjada por el proyecto de refundación de la patria, que eliminó garantías a derechos, desestructuró al estado de derecho y controló la independencia de los poderes públicos.

     En el libro sobre las cuentas económicas y financieras, las políticas sociales llevaron la peor parte. Las distribuciones no fueron para cubrir las demandas de la sociedad, si no las de las élites, sus contratistas y empresas de poder. Dineros del estado manejados al antojo del gobierno, con calculo, por réditos de poder y beneficios a accionistas de asociaciones delictivas, por voluntad del presidente y sus ministros para favorecer a los suyos, amigos, parientes, allegados políticos y de sangre.

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       Valga homologar de la mezcla poder y dinero con rasgos autoritarios, como ha ocurrido con el gobierno Duque, que de Pinochet, hasta el último momento se descubrió que no solo sus manos estaban manchadas de sangre, sino también sus bolsillos con “numerosas cuentas bancarias, bajo distintas identidades, en las que guardaba más de 21 millones de dólares, por lo que fueron procesados algunos generales y coroneles que estaban a su mando”. Este último gobierno de la seguridad democrática provocó el mayor crecimiento de la impagable deuda externa, dejando en riesgo indispensables recursos de garantía a derechos esenciales (educación, salud, vivienda). La cifra de deuda supera 175.000 millones de dólares, es decir la mitad del PIB. Duque triplicó las deudas ya excesivas contraídas por los gobiernos anteriores del mismo partido de la seguridad democrática.

         De los créditos obtenidos, no se conoció justificación pública previa. De los empréstitos no hay información a la mano sobre pagos por intereses, comisiones por compromiso, por servicio y otros cargos (incluidas penalizaciones), tampoco se conoce del tipo de cambio, las tasas de interés, los plazos pactados, ni las entidades que verificaron los datos, validaron la información, avalaron las solicitudes y ejecutaron los mecanismos de auditoría, entre otros factores requeridos por los empréstitos, ya que el servicio de la deuda tiene términos y condiciones específicas en cada contrato. Por prensa se filtraban esporádicamente datos de un crédito para hacer un puerto en Antioquia, otro para medio ambiente y jóvenes, otro para transformar el sistema de salud, otro para mitigar los efectos de la pandemia. Muchos justificados con la caída de los precios del petróleo, aunque a la vez, se reportaba que el país obtenía el mayor crecimiento en la economía de América Latina con 3.3%, el gobierno recibía a tiempo los pagos por impuestos y el precio del petróleo se duplicaba.  

        En abril de 2022 el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años a favor de Colombia en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto cercano a USD 9.800 millones y comunicó un primer préstamo por US$750 millones para promover políticas que mejoren la equidad y la resiliencia de los hogares, incluyendo las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a oportunidades económicas. El segundo préstamo por US$80 millones para impulsar mejoras en las practicas pedagógicas y la gestión del sector educativo en Colombia para obtener mejores resultados del aprendizaje y fortalecer la educación socioemocional. De dichos montos no se sabe pero de ser recibidos ahora, a pocos días de irse, le costarían al país un 25% más respecto a mayo por efecto del alza del dólar y sería inexplicable que un gobierno saliente, con recientes escándalos por fraudes, apropiación delictiva de recursos de la paz, obras inconclusas y contratos refundidos (aeropuerto del café, vías, otros) e intentos de firma apresurada de contratos, Conpes, y beneficios express a contratistas, benefactores y amigos, reciba dinero de crédito, justamente cuando no habrá continuismo y el nuevo gobierno de poder popular tendrá que replantear agendas, políticas e inversiones, recalcular gastos y redistribuir presupuestos escasos.

       La página de compra de vacunas también es oscura, no se tienen costos y datos reales de las transacciones que sumaron billones, los términos de los contratos, contratistas, comisiones y otros asociados involucrados en este tipo de transacciones fueron ocultados. “El Gobierno colombiano firmó contratos por al menos 497 millones de dólares para adquirir los insumos clave en el combate contra el COVID-19, según surge del análisis de cuatro resoluciones oficiales. Sin embargo, el proceso de compra de las vacunas contra el coronavirus está fragmentada, dispersa y oculta por pactos de confidencialidad. En las órdenes para el desembolso de recursos varían los datos de una a otra y no permiten hacer comparaciones” (consejoderedaccion.org.) y tampoco ha sido claro si el negocio fue directamente con gobiernos extranjeros, laboratorios o agentes intermediarios aún no conocidos.

P.D. 1. Parar el genocidio dependerá de cambiar el sentido de la doctrina militar y que los derechos humanos sean la herramienta central para desmontar odios y liberar a las estructuras criminales que quieren escapar al programa de guerra del Reich y de su furher (carta de organizaciones paramilitares), y para reiniciar negociaciones eficaces con las insurgencias y hacer posible la paz completa. El país está del lado Dr. Iván Velásquez, ministro, para que la política de la vida valga más que la de la muerte. 2. Para un gobierno de derechos, resulta insuperable la nómina de ministras, ministros, y congresistas, que cuentan con la legitimidad suficiente y el respaldo para sentar las bases del poder popular en ejercicio.

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