Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
La pandemia no solo trajo consigo una compleja crisis sanitaria, sino que, también desató una crisis económica sin precedentes y sacó a flote una larvada crisis social, cuyas manifestaciones se han exacerbado, y han hecho que miles de indignados colombianos, particularmente desesperanzados jóvenes -en los que alrededor del 24 por ciento están desempleados-, hayan salido a las calles desafiando el contagio de coronavirus e interpelando un gobierno indolente, que busca sofocar la crispación social con un amañado pacto de élites. Las asonadas nocturnas en muchas ciudades, parece una estrategia deliberada de grupos lumpenizados o de derecha recalcitrante, que pretenden justificar o reclamar medidas de fuerza más punitivas que las que se viene tomando. Los abusos policiales contra la ciudadanía inerme no cesan. Es un país en una absurda guerra demencial que debe parar.
Las cifras divulgadas recientemente por el DANE sobre el rebrote de la pobreza en Colombia evidencian un retroceso en los indicadores sociales, que se complementan con las penurias que tienen que sortear los hogares colombianos para sostener un precario bienestar subjetivo, como lo refleja la encuesta Pulso Social, que encontró que alrededor de una tercera parte de las familias solo disponen de dos comidas diarias.
Tal como lo anticipaban muchos analistas económicos, la recesión económica y el deterioro social, han llevado no solo a una pérdida de confianza en un gobierno que se fue a pique por sus improvisadas políticas, sino a un creciente malestar social, que los paliativos asistencialistas no han podido contener.
Como se observa en el siguiente cuadro, durante los últimos dos años se revirtió la tendencia a las mejorías relativas en la mitigación de la pobreza: 3,5 millones de trabajadores engrosaron el segmento de pobres, con unos ingresos mensuales que, a duras penas, cubre una tercera parte (36,5 por ciento de un salario mínimo). Como un efecto de rebote, la clase vulnerable (pobres con ilusorias pretensiones de movilidad social) se redujo. Pero, quizás lo más notorio, es el tránsito de la perfumada clase media (empleados con fingidas pretensiones de escalar en la estructura social) a pobres de solemnidad: 2,1 millones de personas. De hecho, esto significa una estructura de clases en la que la pauperización se campea en los hogares colombianos. La denominada clase alta, también se vio menguada por los ramalazos de la múltiple crisis que azota el país.
Ahora bien, si esto ocurre a esa escala, a nivel de la recomposición social de la población colombiana, la proporción de los trabajadores pobres aumentó en 7 puntos, al recibir el impacto del desplazamiento de los demás segmentos, particularmente de la clase media, que se redujo en casi 5 puntos. Dicho, en otros términos: cerca del 73 por ciento de la población colombiana son pobres.
No obstante que de la regresión social ninguna ciudad o departamento colombiano ha estado a salvo, en Tunja la situación empeoró dramáticamente: 26.000 trabajadores se despeñaron al abismo de la pobreza, mientras 15.000 empleados abandonaron su cómodo estilo de vida pequeñoburgués.
La pauperización de la población tunjana se evidencia en un aumento de 12 puntos en la proporción de trabajadores pobres, que resulta de un desplazamiento de la clase media (8 puntos) en mayor proporción que los pobres en repliegue (3,5 puntos). Lo anterior significaría que más del 60 por ciento de tunjanos están confinados en la pobreza.
Este lúgubre panorama quedaría incompleto, si no se añade que la destrucción de puestos de trabajo (2,4 millones registrada el año pasado y el desempleo rampante (1,1 millones), no sólo han conducido a una subida de la informalidad, sino de la pobreza absoluta. La movilidad social quedó en el limbo.
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El DANE saco una aplicación donde se inserta el salario devengado y arroja el estrato social a que se pertenece, con la novedad de que, clase media es quien recibe de 1 a 9 salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, desplazó más hacia abajo la linea de los pobres.
La ponderada evaluación de la realidad socioeconómica, en cifras oficiales en parte refleja, la mucho peor y descarnada situación social y la pérdida real del poder adquisitivo del ingreso ya menguado por todas las vías posibles de que dispone un gobierno indolente, que no va a poder ahogar el estallido social en sangre del cansado pueblo, que desde el encierro clama por una renta básica, educación con matrícula cero y lo peor, la reversión de los nefastos efectos de la ley 100 que obstruye el acceso al derecho a la salud y convierte a sus trabajadores en casi informales tercerizados.
No hay dignidad en el contrato social deteriorado al extremo y justificando el estallido social, la violencia y la represión autoritaria.