Por | Armando Suescún
Las huelgas y las protestas de los trabajadores fueron consideradas como delitos y los que participaran en ellas, tratados como delincuentes. Esa era la política antisocial y represiva del gobierno de la época. La misma que hoy preconiza el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
El 6 de diciembre se cumplen 90 años de haberse cometido uno de los crímenes más horrendos de la historia de Colombia: la masacre de las Bananeras.
En la noche del 6 de diciembre de 1928, una multitud de trabajadores de la Zona Bananera (Departamento del Magdalena), que se hallaban en huelga, se había concentrado en la plaza principal de Ciénaga para protestar contra la United Fruit Company, propietaria de las tierras bananeras, por su política laboral. Como es bien sabido, la United Fruit, era la empresa bananera estadounidense más grande y poderosa de Centroamérica y el Caribe, y lo sigue siendo hoy bajo el nombre de Chiquita Brands.
Desde comienzos del mes de noviembre, los trabajadores de la zona adelantaban una huelga contra la Compañía, porque esta violaba sus obligaciones laborales: los huelguistas exigían a la Compañía el cumplimiento de la ley sobre seguro colectivo, el reconocimiento de accidentes de trabajo y el aumento de salarios. Para evadir sus obligaciones como patrono y no reconocerles el salario debido, la Compañía sólo los trataba como trabajadores independientes, comprándoles el banano que producían en tierras de la Compañía.
A comienzos de noviembre, el gobierno nacional declaró ilegal la huelga, la calificó de “insurrección comunista”, decretó el estado de sitio en la Zona Bananera, nombró jefe civil y militar al general Carlos Cortés Vargas (chiquinquireño, por más señas) y lo envió a la Zona al frente de un batallón a reprimir la huelga.
Meses antes, el Congreso nacional, a instancias del gobierno, había expedido la Ley 69 de 1928, llamada “La ley heroica”, cuya parte resolutiva ordenaba: “Artículo 1º. Constituye delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquier denominación para alguno o algunos de los siguientes propósitos: (…) 3º Promover, estimular o sostener huelgas violatorias de las leyes que las regulan. Parágrafo. El Jefe de Policía en cada lugar disolverá cualquier reunión, asociación o agrupación de las que se refiere este artículo; y el Juez de Prensa y Orden Público impondrá a cada uno de sus miembros una pena de doce pesos a cuatrocientos cincuenta pesos, convertibles en arresto, a razón de un día por cada tres pesos”. En virtud de esa ley, las huelgas y las protestas de los trabajadores fueron consideradas como delitos y los que participaran en ellas, tratados como delincuentes. Esa era la política antisocial y represiva del gobierno de la época. La misma que hoy preconiza el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
En la noche del 6 de diciembre, las tropas del general Cortés Vargas rodearon a los trabajadores y les impusieron un ultimátum: debían dispersarse en el término de 5 minutos. Como los trabajadores no acataron el ultimátum impuesto, el general Cortés Vargas ordenó a la tropa disparar sobre ellos. El ministro delegatario de Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffery, comunicó al Departamento de Estado de su país, el 16 de diciembre de ese año: “Tengo el honor de informar que el representante en Bogotá de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos por el ejército colombiano superó el millar”[1]. Una masacre descomunal.
Los sobrevivientes huyeron en desbandada y se ocultaron en tierras vecinas, pero el ejército los persiguió por toda la región. Los numerosos heridos fueron rematados y otros fueron hechos prisioneros. Al mes siguiente, un Consejo de Guerra juzgó a 600 trabajadores detenidos, de los cuales 136 fueron condenados a penas de prisión. El líder principal de la huelga, Raúl Eduardo Mahecha, fue condenado a 25 años de prisión.
“Hoy, 90 años después, esa situación no ha cambiado. El gobierno sigue con la rodilla en tierra frente a los Estados Unidos y con las armas disparando contra los líderes sociales. Esa ha sido siempre la actitud del gobierno colombiano frente al imperio”.
La masacre de las Bananeras conmovió al país. La población quedó horrorizada por el manejo que el gobierno le dio a la protesta social. El gobierno aplastó la huelga de los trabajadores pero su imagen quedó postrada ante la opinión nacional. Al año siguiente, Jorge Eliécer Gaitán adelantó un debate en la Cámara de Representantes en el cual denunció la barbarie de la masacre y acusó al gobierno por tan execrable crimen. “El gobierno tiene la rodilla en tierra ante los yanquis y la ametralladora contra el pueblo colombiano”. Pero el gobierno, en vez de rectificar su conducta asesina y la de sus agentes, premió al general Cortés Vargas nombrándolo Director general de la Policía Nacional.
Más allá del vil asesinato de tantos colombianos inermes ese 6 de diciembre de 1928 que solo reclamaban sus derechos laborales, lo grave es que hoy, 90 años después, esa situación no ha cambiado. El gobierno sigue con la rodilla en tierra frente a los Estados Unidos y con las armas disparando contra los líderes sociales. Esa ha sido siempre la actitud del gobierno colombiano frente al imperio. Una de las causas del conflicto interno que acaba de terminar y que tantos muertos, destrucción y dolor causó a la sociedad colombiana fue, precisamente, la de que la mayor parte de los gobiernos han insistido en reprimir las protestas sociales mediante el empleo sistemático y letal de las armas oficiales.
[1] Tomado de El Espectador, 1 de mayo de 2012.
