Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
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El contexto actual
Como suele ocurrir cada cuatro años, comenzó el proceso que conducirá a la designación, el 22 de noviembre, del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Esta decisión es clave en los cruciales momentos por los que atraviesa esta institución educativa, que alberga cerca de 31.500 estudiantes matriculados en los 181 programas de pregrado y posgrado, que imparten alrededor de 2.000 docentes, gran parte de ellos (77,0 %), vinculados como profesores ocasionales y catedráticos.
De igual forma, la UPTC es una institución cuyo presupuesto se asemeja a los ingresos del municipio de Tunja, comoquiera que bordea los $350.000 millones (incluyendo a la EPS Unisalud), representando los aportes de la Nación en 2022 un poco más del 65,0%, habiendo declinado los ingresos propios por la implantación de la estrategia gubernamental de Matrícula Cero. Lo que llama la atención de las finanzas universitarias y las convierte en una apetecible bolsa de recursos, aún con las dificultades que padece, es que a corte de agosto de este año se habían firmado 2.043 contratos por un valor de $63.000 millones, de los cuales 1.435 correspondían a Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), por $22.700 millones.
Los entuertos de la administración saliente
Como se recordará, recientemente se levantó la asamblea permanente declarada por los profesores de las Facultades seccionales de Sogamoso y Chiquinquirá, -antes lo había hecho la Facultad seccional de Duitama-,que se prolongó por tres meses, luego de que la administración de la universidad-con la mediación del Ministerio de Educación Nacional (MEN)- transigiera en el reconocimiento y pago proporcional y completo de la prima de servicios, que beneficiará a cerca de 1.000 profesores ocasionales, el año entrante, revistiendo todos los visos de legalidad y viabilidad, contrario a lo que, inflexiblemente habían sostenido los directivos, provocando una parálisis académica con los perjuicios colaterales.
Además del conflicto laboral, la administración saliente del rector Óscar Ramírez, se ha visto en entredicho por los hallazgos que encontró la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que no la dejaron bien parada. Algunas de estos hallazgos se relacionan con la planeación, ejecución y liquidación, así como soportes documentales del proceso contractual de infraestructura física, servicios profesionales, compras, vigilancia y seguridad, entre otros. En este acápite el informe del MEN concluye: “se evidenciaron situaciones puntuales en cada uno de los procesos contractuales revisados, que fueron analizados anteriormente, que no están en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, por lo tanto, es deber de la Universidad, en el ámbito de su autonomía, ajustar sus procedimientos internos para el cumplimiento de estas disposiciones”.
En lo referente a la situación presupuestal, así resumió la comisión del MEN las evidencias encontradas: “se concluyó que, para la vigencia 2021, se presenta un déficit operacional del -1,36%, lo que indica que los ingresos operacionales no fueron suficientes para cubrir la sumatoria de costos y gastos administrativos, lo que puede afectar la estabilidad financiera de la Universidad al constituirse en una situación que podría generar riesgos en la prestación del servicio con calidad y continuidad” y agrega: “se recomienda tomar las medidas pertinentes, ya sea en mayor generación de ingresos operacionales, o en austeridad en el gasto, para evitar incurrir nuevamente en este déficit operacional”. El MEN, como resultado de la visita adelantada y de la persistencia del conflicto laboral docente, recomendó, en septiembre pasado, la adopción de “acciones de tipo preventivo y sancionatorio”.
La baraja rectoral
Ahora bien, de los quince candidatos inscritos fueron admitidos doce, diez de los cuales son docentes de carrera en ejercicio. En un mes se realizarán las consultas a los cuatro estamentos universitarios (estudiantes, profesores, personal administrativos y egresados) y se decantará la baraja de rectorables. Cuatro de los postulados pertenecieron a la administración actual y, de alguna manera, la acompañaron hasta hace poco, -haciendo caso omiso a las inhabilidades o incompatibilidades, que podrían darse, al ocupar una vicerrectoría o una decanatura-, ya que estos fungen como ordenadores del gasto.
Las diversas candidaturas han despegado y sus programas se han venido divulgando en las redes sociales y los portales digitales, apuntando a convencer a los diversos estamentos universitarios en las próximas consultas. Por supuesto, los perfiles de los candidatos son variados, y la aceptación que tendrán sus propuestas, también está asociada a su desempeño en los cargos que han ejercido, muchas veces cuestionado por los privilegios (léase contratación de obra, personal y compras), que se desprenden de los micropoderes existentes en los diversos niveles de la jerarquía organizativa universitaria.
Es indudable que los candidatos a la Rectoría tendrán que contar con el respaldo de, por lo menos cinco de los nueve integrantes del Consejo Superior, para ocupar la silla rectoral. La actual composición del este organismo de gobierno universitario, donde predominan los sectores extrauniversitarios, es decir, dos representantes del Gobierno nacional, dos de la administración departamental y un exrector, hará inclinar la balanza, -si las consultas estamentarias no son los suficientemente vinculantes-, no respondiendo a los genuinos intereses de la comunidad universitaria, sino al grupismo adocenado y los conciliábulos clientelares, que suelen preceder esta elección[1].
Los alinderamientos se están dando. No resulta difícil identificar quienes son los herederos de la administración que está de salida o quienes, nostálgicos de pasadas administraciones, quieren reciclar no solo su discurso autoritario, sino su visión de la universidad como una red de cerrados feudos burocráticos, en los que el verbo facturar es su denominador común.
El 22 de noviembre el Consejo Superior de la UPTC sesionará y designará al nuevo rector. Las apuestas están divididas. Se rumora, que quienes, hasta hace poco, estuvieron en vicerrectorías o decanaturas, son favoritos, como lo declaró, sin pestañear, unos de los postulantes: “Tengo experiencia por haber estado muchos años vinculado con la universidad y por haber sido vicerrector durante los últimos siete años”. Nada más alejado de la realidad. Ser usufructuario de las últimas administraciones no es una credencial de gobernanza universitaria. Por el contrario, es ser corresponsable de los problemas actuales.
La universidad se enfrenta al permanente dilema de continuismo o renovación.
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[1] Jhon Amaya, delegado del gobernador de Boyacá ante el Consejo Superior, ha planteado la elección directa de rector, sin embargo, hace cuatro años, desde la asamblea multiestamentaria, ASPU presentó una propuesta que fue abortada por una espuria mayoría en el Consejo Superior.
