Desde 1973 se viene hablando de la necesidad de integrar la región Bogotá-Cundinamarca, con el objetivo de trabajar y planear de manera conjunta en la solución de los problemas que les son comunes a esas dos entidades territoriales.
La capital del país y los municipios de Cundinamarca podrían definir estrategias y políticas en temas como calidad de vida, vivienda, acceso de servicios de salud y educación, servicios públicos domiciliarios, movilidad y seguridad alimentaria, entre otros. En ese sentido, según dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde hace más de 60 años existe una deuda histórica con los ciudadanos para solucionar tantos problemas sociales y ambientales.
Precisamente esta semana y con participación de autoridades nacionales, distritales y del departamento de Cundinamarca, las organizaciones sociales, expertos, académicos y la comunidad en general se dio inicio a las audiencias públicas que hacen parte del proceso para el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC).
“Le apostamos a consolidar una institucionalidad que nos permita trabajar de manera conjunta entre Bogotá y Cundinamarca”, manifestó la Alcaldesa.
La mandataria recordó durante la audiencia que “Bogotá y Cundinamarca somos hermanos, una región de facto, las fronteras de nuestros municipios son solo de papel, no de fronteras de la vida de la gente. Ocho millones de colombianos que residimos en Bogotá compartimos todos los días con, por lo menos, dos millones de cundinamarqueses que entran y salen de nuestra ciudad todos los días”.
Y como parte de esa dinámica el Concejo de Bogotá convocó a audiencia pública para escuchar las inquietudes y opiniones que se presenten por parte de representantes de instancias gubernamentales, sociales, expertos académicos y ciudadanía, frente al proyecto de Acuerdo No. 163 de 2022 “por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.
Teniendo en cuenta los enormes vínculos que tiene Boyacá con Cundinamarca y especialmente con Bogotá, es extraño, por decir lo menos, que nuestro departamento haya sido excluido de ese proyecto de región central y que, por decisión de las autoridades de ese departamento y del Distrito, o por omisión de parte nuestra, no estemos participando en ese proceso.
Hay que recordar aquí que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), LOOT, establece que “La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”.
En esta línea, el ordenamiento territorial es entendido como el proceso de planificación y gestión de las entidades territoriales para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. Todo ello orientado a atender asuntos tales como: la política de áreas de parques nacionales y áreas protegidas, localización de grandes proyectos de infraestructura, determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa, lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones y conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
La asignación de competencias a la Nación, Departamentos, Distritos, Municipios y Áreas metropolitanas en materia de ordenamiento territorial es uno de los ejes centrales de la Ley.
Entre los puntos centrales que establece la LOOT se encuentra la consolidación de esquemas asociativos entre entidades para prestar de forma conjunta servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios. Es necesario entonces preguntar para qué sirve y cuál es el sentido de la existencia de la Región Central, Rape, la primera Región Administrativa y de Planeación Especial creada en el país en septiembre del 2014.
Se suponía que esa entidad, de la que recientemente salió con más pena que gloria el tunjano Fernando Flórez Espinosa, quien fue director por varios años, tenía precisamente el propósito de impulsar y articular planes regionales de desarrollo social, económico y ambiental en su territorios.
Hablando del marco constitucional, la Región Central, Rape, que integra al Distrito Capital y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila, contempla un esquema asociativo de origen constitucional, creado al amparo del artículo 325 de la Carta Política y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o Ley 1454 de 2011, previa autorización de las respectivas asambleas departamentales y el Concejo Distrital. Tiene la naturaleza jurídica de un esquema de asociación entre entidades territoriales, con personería jurídica, autonomía y patrimonio.
¿Y por qué crear una región en Colombia? El propio reglamente de la RAPE respondía que el mundo se está configurando alrededor de alianzas estratégicas y esquemas asociativos regionales. “Colombia es un país de regiones y la Región Central concentra unos indicadores económicos, sociales y ambientales, entre otros, que la convierten en la zona más importante del país”.
¿Y qué tiene la Región Central que la convierte en la más importante del país? Las respuestas las señalaba la propia RAPE: El 29 por ciento de la población del país, es decir 13’870.477; el 14 por ciento del territorio nacional; el 30 por ciento de los municipios de Colombia; es decir, 316; el 30 por ciento del recurso hídrico de todo el país, con los ecosistemas estratégicos río Bogotá, río Magdalena, río Meta y sistemas de embalses.
Adicionalmente, la Región Central aporta el 40 por ciento al PIB nacional, es decir, casi la mitad del total; aproximadamente el 50 por ciento de su territorio, es decir, 7’819.329 hectáreas, está en ecosistemas naturales; de los 36 complejos de páramos que hay en el país, 15 están ubicados en la Región Central, con un área de 1.387.181 hectáreas -equivalente al 48 por ciento del área total de páramos-, distribuidos en 165 municipios; tiene 330 áreas protegidas declaradas, que significan 2’606.279 hectáreas bajo algún grado de protección legal. Se incluyen en estas áreas 11 Parques Nacionales Naturales y 2 Santuarios de Flora y Fauna. Y en cuanto a seguridad alimentaria y desarrollo rural, el 83 por ciento de los alimentos básicos que consume Bogotá se encuentran en un radio de 300 kilómetros de la Capital. Esto quiere decir que su región circundante es la despensa natural de Bogotá.
Si bien la Región Central está interconectada con las zonas estratégicas del país, es necesario fortalecer su infraestructura intermodal (modo férreo, fluvial y carretero con dobles calzadas), y especialmente robustecer la red vial secundaria y terciaria (un total de 44.038 kilómetros), a cargo de los entes territoriales. En todo el territorio nacional la longitud de vías secundarias y terciarias es de 147.500 Km, es decir que solo la Región Central concentra el 30 por ciento de todas las vías secundarias y terciarias del país. Otro gran desafío en esta materia tiene que ver con la articulación de proyectos férreos regionales como los “trenes ligeros”, sobre los cuales la Región Central ya está articulando esfuerzos.
¿En el tema de Competitividad, cuáles son las apuestas?
Las regiones son plataformas estratégicas para potenciar la competitividad y propiciar el crecimiento económico sostenible. Por tal motivo, en el marco del proceso de integración se trabaja en proyectos relacionados con el fortalecimiento de los factores de competitividad existentes, con especial énfasis en la generación de ingresos, la formación y la capacitación para el trabajo y las alianzas público-privadas (APP), entre otras. De allí se desprende la necesidad de construir información que dé cuenta del estado de la competitividad del territorio, así como de la definición de instrumentos de planificación que establezcan las acciones por desarrollar dentro de las que se encuentra:
La Construcción participativa de un Plan Regional para el fortalecimiento del sistema productivo soportado en escenarios de plataformas de transporte multimodal, definición de plataformas tecnológicas y de servicios complementarios, programas de transformación de la producción con visión regional y proyección internacional.
En la Región Central se presenta un patrón de segregación socioeconómica. En términos de calidad de vida, la Región Central es heterogénea hasta el punto de tener niveles de NBI tan altos como los que se presentan en Chocó. De ahí la importancia de articular y ejecutar planes y programas de desarrollo regional.
Entre Boyacá y Cundinamarca y entre Boyacá y Bogotá tenemos en común una doble calzada, concesionada por el Estado al parecer por 30 años, una vía que ya es obsoleta y que no cumple con los requerimientos de infraestructura que demanda el Siglo XXI.
Todos los problemas de movilidad que tiene la capital del país, especialmente en el norte de la ciudad, con la Autopista Norte y por la Carretera Séptima, también son de los boyacenses; son a diario el dolor de cabeza para miles de nuestros paisanos que se desplazan a la capital del país o que tienen relaciones laborales, comerciales, sociales con los habitantes de esa gran urbe.
Pero no solo es un impacto que se registra allá sino el que se presenta en nuestros pueblos y ciudades por la relación que tenemos con los bogotanos.
Recientemente el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, señaló ante un medio nacional de comunicación que se ha visto un fenómeno que tiene que ver con la llegada de nuevos habitantes, proveniente en su gran mayoría de Bogotá, que se están quedando de manera permanente en ese que era uno de nuestros más pequeños y hermosos pueblitos boyacenses, que infortunadamente por ese impacto está dejando de serlo.
“Nosotros hemos hecho un cálculo y la población nos está aumentado 2.500 personas, con un incremento de 500 carros. Familias que tienen sus fincas y hasta dos carros generando los problemas de movilidad”, dijo el Mandatario.
Y hay muchos más temas comunes, como la miles de toneladas de basura que desde municipios de Cundinamarca llegan al relleno de Pirgua en Tunja, ubicado peligrosamente en una zona en donde nace el río Chicamocha, el más importante de Boyacá, utilizado para numerosos acueductos de los municipios y para actividades de regadío de cultivos agrícolas.
De manera que no es un capricho pedir y esperar que nuestro Gobernador y las autoridades locales de pueblos y ciudades de Boyacá no se mantengan al margen de los diálogos regionales y de las estrategias de planificación regional, porque hoy más que nunca los problemas de Boyacá, de Cundinamarca y de Bogotá son de todos y entre todos deberíamos buscarles solución.
Ese tema de ciudad regio no me convence.
Es o fue una propuesta de Lucho Garzón exalcalde de Bogotá que propone convertir la sabana en una selva de cemento.
Hay es que cuidar, vigilar y luchar por nuestros recursos ambientales para que estos imbéciles no acaben con el verde que nos queda.