Infraestructura vital

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Por | Luis Heriberto Bohórquez / Echando lengua / @luchocalidad

Ingeniero de Vías y Transportes, egresado de la UPTC oriundo de Garagoa. Catedrático universitario, especialista en calidad de materiales y producción industrial de concretos. Foto: Archivo personal

De nunca acabar la novela de la Transversal del Sisga. El Valle de Tenza y el Piedemonte Llanero esperaron durante tres décadas una solución definitiva a la conexión vial con Bogotá, con la esperanza de encontrar la puerta al desarrollo regional que conlleva la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.

Aún con limitaciones en su diseño geométrico, cuya discusión está superada, y con el reciente y desabrido capítulo de las tarifas de los peajes, tenemos una vía en óptimas condiciones y ajustada a la realidad socioeconómica, representada en el aporte regional al PIB. De esta manera debemos entender que estamos en Colombia y por limitaciones presupuestales no hay más remedio que pagar por el uso de la vía, según las condiciones previas acordadas entre 2013 y 2014 entre la comunidad y el gobierno nacional.

Otra cosa es que el Presidente Santos no hubiera contado en Guateque cómo se pagaría la reconstrucción de la vía. Así está todo el país; con inversiones cercanas a 61 billones de pesos en infraestructura, incluyendo las vías 4G y generando cerca de 1.300.000 empleos, que son una considerable tajada para la economía del país.

Para completar, nos estrellamos con el COVID-19 y en consecuencia con la urgente necesidad de supervivencia, que implica abastecimiento de alimentos y disponibilidad de vías en perfecto estado, más aún en emergencia sanitaria y ad portas de la temporada invernal. Por supervivencia también, afrontamos el aislamiento con responsabilidad y civismo, de tal manera que el 12 de abril, cuando el gobierno nacional anunció el reinicio de las obras de infraestructura, se empezó a generar un mal ambiente, en contra del regreso de personal foráneo a las obras de la Transversal del Sisga.

Vinieron las protestas de alcaldes y concejales y por supuesto de las comunidades, que con toda razón, buscando disminuir el riesgo de contagios, advirtieron a los trabajadores no locales sobre la negativa de suministro de alimentación, alojamiento y cualquier servicio que estos requirieran. Todo terminó en manos de un juez que falló una acción de tutela ordenando a la Concesión Transversal del Sisga, la suspensión de los trabajos.

Aquí surge un debate interesante, sobre la prevalencia de cuál derecho fundamental prima, si a la vida o al trabajo, ya que nuestra constitución, por excelencia garantista, no lo define, salvo que el derecho a la vida es inviolable, mientras que el derecho al trabajo es una obligación social sujeta a la protección del Estado y, como si fuera poco, todo esto debe ser en condiciones dignas y justas. Así que terminaron enfrentados unos y otros con igualdad de derechos constitucionales, eso sin hablar de las excepciones 18, 19 y 20 que contempla el Artículo 3 del Decreto 531 de la Presidencia de La República.

El 24 de abril llegó lo que faltaba; un derrumbe bloqueó la vía entorpeciendo el abastecimiento regional de víveres. Ahí sí, la comunidad se acordó que había concesión con peajes costosos y trabajadores bloqueados por fallo de tutela y entró a exigir el desbloqueo de la vía; obviamente, sin considerar que desde el punto de vista técnico, remover el material de un derrumbe de esta magnitud debe hacerse según estrictos procedimientos geotécnicos y rigurosos protocolos de seguridad de los trabajadores. Pese a esto, la movilidad vehicular en el corredor, ya se viene recuperando.

Así pues, queda claro que la infraestructura es vital para la sostenibilidad socioeconómica de una región, especialmente en épocas de dificultades. Por lo tanto, antes de sacar a flote el “espíritu contestatario” de algunos líderes que sólo buscan figurar en tiempos de crisis, es prudente balancear con mesura y coherencia el contexto global de los problemas, pero ante todo hacerlo con una buena dosis de coherencia.

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