Por: Juan Ricardo Díaz Ayure / @DiazAyureJuan
Del total de los 692 intentos de suicidios que ocurrieron en el 2018, 268 de esas personas ya habían intentado quitarse la vida por lo menos en una ocasión. La reincidencia es alta por eso es urgente, es vital y primordial ponderar la salud mental en el corazón de la agenda pública departamental. De ese número total de intentos cometidos, 317 casos tuvieron como desencadenante los conflictos con pareja o expareja.
Nada justifica el suicidio, no es una salida y jamás debería considerarse como una alternativa. Sin embargo, es tan alto el agobio y tan fuerte la frustración que todo esfuerzo resulta insuficiente e inútil una vez se ha tomado la decisión mortal, así lo dejan ver sus víctimas. El diálogo familiar, la disposición profesional y la promoción de entornos y estilos de vida saludables se quedan cortos cuando en las personas empieza a anidar la idea de no vivir más. Por eso es necesario redoblar esfuerzos y compromisos, y sembrar más consciencia acerca de estos asuntos.
Cada suicidio que ocurre es una nueva oportunidad para volver a reflexionar y posicionar el interés a favor de la salud mental de la población. Nunca van a sobrar los mensajes de apoyo, los homenajes, las reflexiones e iniciativas que de alguna forma intentan prevenir la muerte del otro. Eso es necesario para revivir los debates que en ocasiones, por falta de interés, quedan sepultados en la opinión pública, por eso hay que insistir, una y otra vez, repetir y seguir repitiendo hasta que algo se haga. Más en Boyacá en donde en los últimos años se mantiene una tasa de intentos de suicidios que está por encima del promedio nacional. Sólo en el 2018 en el departamento se reportaron 692 casos, de ellos, 336 fueron intentados por jóvenes de 15 a 19 años de edad. Vale la pena mencionar que en el 2016 se notificaron 567 intentos de suicidio y en el 2017, 675.
Esas cifras prenden las alarmas en los colegios y universidades donde deben fortalecerse las actividades de promoción y prevención, pero también, los procesos que permitan detectar síntomas, trastornos o alteraciones mentales que puedan poner en riesgo la vida de los jóvenes. En ellos que son una población susceptible y vulnerable, se deberían realizar mediciones que indaguen por su estado anímico, sus frustraciones y emociones, tal cual como se hace con las evaluaciones que se realizan para ingresar a un colegio, a la universidad o a un trabajo. Lastimosamente, el posicionamiento e interés de lo racional aún está por encima de lo emocional, pues las únicas evaluaciones que parecen importar son aquellas que buscan indagar por la riqueza intelectual y sus habilidades operativas.
Del total de los 692 intentos de suicidios que ocurrieron en el 2018, 268 de esas personas ya habían intentado quitarse la vida por lo menos en una ocasión. La reincidencia es alta por eso es urgente, es vital y primordial ponderar la salud mental en el corazón de la agenda pública departamental. También es importante reconocer y saber que de ese número total de intentos cometidos, 317 casos tuvieron como desencadenante los conflictos con pareja o expareja.
Por todo lo anterior, las universidades y todo tipo de centros educativos, así como las autoridades administrativas del departamento y la sociedad civil están llamadas a fortalecer e incrementar las acciones en pro del bienestar mental de la población. De verdad, es muy necesario.
