Esta tarde presentarán informe sobre una década de violencia estatal en Boyacá

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El informe denominado ‘Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad’ fue elaborado por varios colectivos sociales y recoge datos y testimonios sobre la violencia estatal que no ha sido ajena al departamento.

A pesar de la reputación como remanso de paz que se le atribuye a Boyacá, el departamento no ha sido ajeno a la violencia y las masacres que han llenado de luto al país, y que en varias ocasiones han sido propiciadas por agentes estatales.

Alrededor de un centenar de muertos aportó Boyacá, entre 2001 y 2008, al interminable listado de víctimas del conflicto armado colombiano. Entre dichos episodios de violencia uno de los más  recordados es la masacre del Páramo de la Sarna, que cobró la vida de 15 personas.

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La elaboración del informe ‘Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad’ ha estado a cargo de la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Colectivo Vida, memoria y dignidad, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

La condena proferida por el Consejo de Estado confirmó la participación de agentes estatales como integrantes de la Primera Brigada del Ejército Nacional y la SIJIN de la Policía Nacional, que habrían coordinado y apoyado a paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) en la comisión de la masacre.

Otro aparte del informe detalla como entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, personal de inteligencia de la Primera Brigada, de la Policía Nacional y del extinto DAS, coordinaron y en algunos casos ordenaron a integrantes de las ACC la ejecución extrajudicial de 18 personas; crímenes que se perpetraron entre octubre de 2002 y noviembre de 2003.

El informe entrega detalles de 64 casos que dejaron 86 víctimas mortales de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos, en los que se identificó la participación de por lo menos 175 integrantes de unidades militares adscritas a la Primera Brigada.

A pesar del paso de los años y de la probada participación de agentes estatales, a la fecha solo se ha dictado sentencia en contra de 22 militares, que equivale al 12,5% del total de implicados, aclarando además que se trata de militares de bajo rango, lo que a su vez refleja la responsabilidad de diferentes instituciones estatales en la demora de la satisfacción de los derechos de las víctimas.

El informe recoge patrones de criminalidad en hechos cometidos por los integrantes de la Primera Brigada en cinco etapas comprendidas entre 2003 y 2008.

Las prácticas de violencia sufridas por las víctimas, detallado en el informe, generaron impactos y daños devastadores a nivel individual, familiar, colectivo y comunitario, por lo que se pretende con el informe es limpiar y dignificar el nombre de sus familiares para que sean reconocidos por lo que fueron realmente: familiares, ciudadanas y ciudadanos con derechos, e integrantes de sus comunidades que dejaron un gran vacío en ellas.  

Es por eso que se entrega el informe a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para conseguir medidas integrales de reparación: satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. A la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición se le solicita que contribuya a esclarecer e identificar las causas explicativas y los patrones de conductas recurrentes que se han señalado en el informe, a la vez que se le pide establecer el impacto humano y social en el territorio investigado, así como esclarecer y visibilizar la responsabilidad y agravada del Estado.

A la JEP se le solicita reconozca la calidad de víctimas a las personas nombradas en el informe, que se priorice a la Primera  Brigada como una de las unidades militares en el marco del caso 003, sobre muestras presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate y que se llame a los integrantes de la plana mayor a rendir versión voluntaria de reconocimiento de verdad y responsabilidad. También se le solicita a la JEP abrir un macro caso sobre las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares.

El informe se presentará este viernes 28 de agosto a las 2:30 pm y será transmitido por las páginas de Facebook de coljuristas, Moviceboyaca, fundacioncspp, colectivodeabogados, movice, contagioradio y comisionverdadC.

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