En Duitama, encuentro de páramos, visiones distintas, un solo propósito

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El cuidado y el acceso al agua, hará una sociedad más justa y equitativa, con más oportunidades para todos.

A partir de la visión construida por la Oficina del Diálogo Social, es la fórmula que se aplicará para la realización del primer encuentro multiinstitucional y comunitario que se llevara a cabo en la fundación San Isidro de Duitama, este 25 de octubre, con la presencia de delegados del Ministerio de Ambiente, de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales, entre otros y de las comunidades representadas por las organizaciones sociales y campesinas.

Acatando las directrices del gobernador Carlos Andrés Amaya, afirma el Asesor de Paz y diálogo social, Pedro Pablo Salas Hernández, este encuentro abordará el análisis y la discusión de lo que será la aplicación del Art. 173 de la ley 17 53 de 2015 en lo atinente a la prohibición de actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en áreas de páramo, y la sentencia C-035 de 2016 que establece las prohibiciones y las acciones a seguir en materia de usos, sustitución, reconversión y demás actividades a que haya lugar, entre otras, de carácter agropecuario o minero.

Delimitación de Páramos, lo más sensible 

“La experiencia acumulada por la Asesoría de Dialogo Social en estos casi dos años de gobierno nos ha permitido identificar aquellos factores que más están inquietando a la sociedad boyacense, siendo uno de los principales el tema de la delimitación de páramos, que tiene profundas connotaciones en el departamento de Boyacá y que vamos a tocar a profundidad este 25 de octubre en la fundación San Isidro de Duitama”, manifiesta el asesor Salas Hernández.

De acuerdo con el funcionario, en este tema se cruzan todos elementos posibles de conflictividad que se tienen en el departamento, como es el tema de la tenencia de la tierra, la superposición de páramo y títulos mineros, las disputas que se presentan en varias zonas por las vocaciones que se están determinando, más de desde una lógica de mercado que desde una planeación estratégica. “Por eso, en este tema tenemos que tomar los puntos nodales del ordenamiento que se está presentando a través de los Pomca y de los esquemas de ordenamiento territorial que están adelantando los municipios del departamento”, puntualiza el Asesor.

La incertidumbre por las restricciones

En este encuentro de Duitama se proyecta ahondar de manera conjunta entre la institucionalidad y las comunidades en este frente que resulta de especial interés para quienes habitan estos territorios. “Nuestras acciones, dice Pedro Pablo, van encaminadas a recoger estas inquietudes que están en las expectativas que tiene la gente sobre cuál va a ser el futuro de sus actividades, si se llegan a tomar medidas de restricción con la delimitación de páramos, que cobijan a más de 75 municipios del departamento que tienen este tipo de áreas, ya que en Boyacá está el 25% del total de las zonas de páramos del país. Esta, que es una ventaja extraordinaria del departamento, tiene que ser debatida y concertada porque está representada allí la ancestralidad de campesinos que llevan la tradición de varias generaciones viviendo al interior de áreas de páramo, algunas que ya se han declarado administrativamente de parques Nacionales”.

El país debe compensar a Boyacá

“Desde nuestra oficina estamos avanzando en una propuesta que implica los mayores reconocimientos económicos posibles en términos de recursos por compensación que le debe entregar el gobierno nacional al departamento”, expone el asesor Salas Hernández, bajo el elemental pero contundente argumento de que “si Boyacá aporta las mayores cantidades de agua a través de todos los ecosistemas que hoy entran a ser protegidos, no solamente para bien propio, sino para buena parte del país, entonces los beneficiados que son muchos sectores sociales y económicos, deben pagar para garantizar el equilibrio y la seguridad del suministro del recursos más importante hacia el futuro, como es el agua”.

La garantía de la disponibilidad del agua no solo tiene alcances económicos y de desarrollo, sino que tiene la connotación de volver a entender el significado del territorio en función de lo que representa el valor del agua. Salas Hernández lo explica así: “nosotros ofrecemos agua a una gran parte del país y a cambio de esto no recibimos un solo peso. Entonces tenemos que impulsar un proceso de renegociación o de pactos donde aquellos beneficiarios, a través de hidroeléctricas, de cultivos importantes en las partes bajas, de carácter agroindustrial, de todos aquellos que se benefician de los desarrollos urbanos y los especuladores del suelo, todos estos actores no tendrían los inmensos beneficios económicos si no tuvieran asegurado el recurso hídrico, por lo tanto, deben redistribuir sus inmensas ganancias, deben pagar compensaciones reales”.

Objetivo del gobierno Amaya: compensaciones reales

El trabajo de la Asesoría de Diálogo Social y Paz en este tiempo llega a la demostración de convertir en objetivo primordial el logro de las compensaciones necesarias que lleguen a las comunidades habitantes de las zonas de páramo para que estas sigan en esos lugares como cuidadoras y garantes del recurso y por eso el gobierno de Carlos Amaya ahora lo pone entre sus prioridades de acción.

“Por eso estamos empeñados, describe Salas, en demostrar que allí está una fuente importante de recursos; podríamos estar pensando en una tasa de compensación para las cerca de 36 mil unidades agrícolas familiares que según el censo agropecuario estarían en áreas de páramo y que tendrían que recibir un recurso en calidad de ingreso, no para desplazarlos de donde han vivido, sino para convertirlos en comunidades protectoras del recursos hídrico, del cual se nutren tantos negocios millonarios, de los que la gente y sus territorios han sido excluidos”.

Y para ilustrar pone un solo ejemplo: “el caso de la empresa generadora que opera la represa de Chivor, que recibe más de 280 mil millones de utilidades netas al año -promedio que ha mantenido en los últimos 10 años- donde la concesión se acaba de prorrogar por otros 50 años y las comunidades que viven en su entorno, y aquellos que viven en las áreas, de donde algunos dicen tendrán que salir para que se conserve el agua, no reciben un solo centavo de tan enormes ganancias. Así que la pregunta es obligatoria: ¿esta multinacional no tiene la obligación de trasladar parte de esos excedentes que producen por el agua, a las comunidades que habitan esos territorios? Por eso, desde Diálogo Social estamos planteando una discusión en torno a la renegociación de plusvalías para este tipo de negocios”.

Otras amenazas que deben tener solución  

Tienen que ver, expresa Salas Hernández, con las grandes discusiones que surgen frente a la amenaza de titulación minera donde las comunidades están reaccionando frente a lo que serían los cambios de vocación de sus territorios. “Un caso emblemático lo tenemos en el Alto Ricaurte, recuerda Salas, donde los municipios que lo conforman pueden ver afectadas y cambiadas sus actividades agropecuarias, ganaderas y de vocación turística, por actividades mineras como está pasando con la minera Sumicol, que con la explotación de arcillas está contaminando la principal fuente de agua que tienen municipios como Sutamarchán y Santa Sofía, donde se está presentando la imposibilidad del consumo del agua que provee la quebrada La Cebada, la cual está afectada gravemente por esta actividad minera. También se está viendo afectada la actividad turística como opción para este territorio”. Concluye el funcionario sobre este particular que estos hechos aumentan la escala de conflictividad que podría ser peor si se da el cambio radical de la vocación del territorio con la entrada en operación de la empresa Cementos Tequendama que según sus habitantes, estaría afectando todo el Santuario de Fauna y Flora de San Pedro de Iguaque.

Por situaciones como las descritas, la gente se movilizó hace poco y los casos como este se repiten en varias zonas del departamento donde la gente está haciendo uso de instrumentos como las consultas populares para frenar este tipo de avances de la minería que tiene exclusivamente una visión económica de beneficios muy particulares.

Vuelve el buen precio del carbón

Aunque todos los cálculos decían que los precios bajos del carbón en el mercado internacional se mantendrían hasta más allá del año 21, resulta que los carbones siderúrgicos vuelven a recobrar importante cotización en el mercado mundial, lo cual repercute de inmediato en la minería de este tipo de carbones en el departamento de Boyacá donde están comprobadas reservas de la mejor calidad, que a la señal de buen precio despierta de nuevo la fiebre por su control, extracción y comercio.

En estas condiciones, se sabe que volverá la reactivación de Acerías Paz del Río y su área minera del carbón con base en los títulos mineros que posee sobre inmensas áreas de reservas del mejor carbón siderúrgico y, por supuesto, los demás actores del sector se moverán para hacerse a la mejor porción de la torta en el escenario de lo que sería una nueva bonanza.

Se sabe de grandes empresas que hoy están comprando predios de todo tamaño a los campesinos donde existen demostradas reservas mineras, regresando una forma silenciosa de desplazamiento que se está presentando en lugares como Socha, Socotá y Tasco.

Estos temas, sostiene Salas Hernández, tienen que ser discutidos, porque no se trata de criminalizar ni descalificar ningún sector, incluyendo el minero, que hoy representa alrededor del 9% del PBI del departamento. “Sin embargo, precisa, esta minería no puede seguirse ejerciendo como ganancia ocasional o como ganancia de mercado óptimo de comodities, como volvería a suceder otra vez con el coque”.

Vale recordar que en los últimos 17 años ha habido en Boyacá dos bonanzas del carbón siderúrgico, de las cuales queda apenas el recuerdo del despilfarro de un porcentaje muy alto.

Explica el Asesor del Diálogo social: “aquí tenemos una confrontación que nos impone el mercado con picos de buenos precios, con una alta explotación, pero donde dichos excedentes se han quedado en manos privadas sin que el departamento, como ente público, se haya beneficiado de estas coyunturas favorables, ni siquiera para construir las vías de movilización del mismo producto. Por el contrario, las externalidades han sido negativas, no solamente en términos ambientales, sino sociales y económicos”.

Los precios deben compensar el pasivo ambiental

Llegando a este punto, enfatiza Pedro Pablo, hay que revisar estos costos de oportunidad y los precios de mercado de minerales que no reflejan el pasivo ambiental. Los precios tienen que reflejar los daños que pueda ocasionar la minería, entonces aquí habrá que hablar de regulación, donde tiene que intervenir el Estado, en este caso el Departamento y las autoridades ambientales, para evitar que esto siga pasando. Por eso el debate con la minería no es si esta se puede seguir haciendo o no; sino que esta no se puede seguir haciendo como tradicionalmente se ha venido ejerciendo en el departamento, donde los beneficios son para los agentes intermediarios o comerciales de este renglón. Sobre esta temática es que se trabajará en el encuentro del próximo 25 en Duitama, advierte el asesor de Paz.

Acuerdos de la Habana y el campo boyacense

Estos temas cruciales están en la agenda del diálogo social, resalta Salas Hernández, porque representan conflictos de mayor calado, incluso enfocados desde lo que son las oportunidades que traen los acuerdos de la Habana, como es el desarrollo rural con enfoque territorial.

Sobre este particular el funcionario afirma que se está trabajando en la perspectiva de que en Boyacá no se puede descartar que en el mediano plazo se establezcan las zonas de reserva campesina como una propuesta de desarrollo comunitario, con los niveles de inclusión social, sostenibilidad ambiental y defensa de los territorios, como está consignado en las figuras de las zonas de reserva campesina como una instancia democrática de desarrollo de los territorios.

“En la oficina de Diálogo Social, en la perspectiva de los objetivos del gobierno de Carlos Amaya, estamos trabajando a través de los foros regionales que se van a desarrollar a escala provincial sobre esta figura que nos parece de máxima utilidad, por la vocación ecológica y por la multiplicidad de parcelas y de pequeños propietarios que tiene el departamento, donde la figura de Zona de Reserva Campesina está hecha para la seguridad alimentaria en condiciones agroecológicas, incorporando a aquellos territorios figuras tan valiosas como son los intercambios locales y los atractivos naturales a exportar, a través de la inclusión de comunidades rurales organizadas, por medio del turismo rural comunitario”, precisa el Asesor.

Y concluye: “estas son propuestas viables que se deben hacer con un adecuado acompañamiento del Estado y que tienen una ventaja y es que la mayor parte de estas iniciativas cuentan con la buena voluntad que surge de acciones estratégicas de las comunidades para salir de los estancamientos y de las dificultades que se ha venido profundizando en el departamento y que hoy son un factor determinante, especialmente, de la expulsión de su juventud que no está siendo retenida en los territorios.

El papel determinante de los alcaldes

Este es el último tema que aborda el Asesor del Diálogo Social, afirmando que se propone adelantar acompañamientos a los alcaldes, tal como se propuso en reciente encuentro con los mandatarios locales, donde se demostró el poco margen de acción que tienen ante su dependencia del trámite de proyectos ante el gobierno central, por la carencia de recursos propios para resolver los problemas que tienen sus comunidades.

“Demostramos que de los 123 municipios de Boyacá casi el 90% de estos dependen en más de un 80% para su funcionamiento de los giros que hace el gobierno nacional. Estamos hablando de la crisis de la descentralización y es que estos mandatarios locales se quedaron sin margen de maniobra por eso la pregunta que se les hizo es qué hacer y cómo crear soluciones en estos contextos cuando las necesidades de la gente no dan espera, y cuando es responsabilidad de estos mandatarios no quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se desocupan su escuelas y colegios; viendo cómo la juventud migra ante la falta de oportunidades y respuestas del Estado”.

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