Por | Milton Fernando Montoya Pardo
El debate electoral que presenciamos se ha visto marcado por las discusiones (y acusaciones) entre los candidatos de las diversas alianzas (Pacto histórico, Coalición Centro Esperanza, Equipo por Colombia) para determinar cuál será el candidato presidencial de la correspondiente alianza, pacto, coalición. En esta lucha “intestina”, se destacan argumentos recientes de uno u otro sobre el manejo del orden público, los acuerdos de paz, el rol del Banco de la República, el aumento en el costo de vida, el manejo de la pandemia, el aborto, pero muy poco se han abordado los asuntos relacionados con la política pública del sector minero-energético colombiano, en el marco de la transición-energética que hoy es una realidad.
En efecto, la transición energética, esto es, la incorporación masiva de fuentes alternativas de generación eléctrica (como la tecnología solar y eólica), la masificación de la movilidad eléctrica y, por ende, el necesario desarrollo del almacenamiento de energía a través de baterías, el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno, la incorporación de nuevas tecnologías a la generación térmica (en procura de su mayor eficiencia y menor índice de emisiones de CO2), sumado a la necesaria pedagogía asociada al ahorro energético y la eficiencia de equipos, instalaciones e infraestructura, es un tema que se ha abordado con muy poca profundidad en los diversos debates electorales organizados a la fecha.
Así, hay aspectos cruciales que necesitan un análisis electoral serio. Por ejemplo, cuál es la dirección que nuestra política pública tomará respecto al carbón nacional, un mineral energético clave en el proceso de transición a efectos de la confiabilidad y continuidad en el suministro, el fomento de nuevos proyectos de generación renovable, adicionales a los que el gobierno actual dejará en operación y contratados, especialmente de generación eólica y solar que representan alrededor de 2.500 megavatios a finales del 2022, el impulso a los proyectos de hidrógeno, los estímulos a la inversión para la exploración de hidrocarburos – por ejemplo la exploración y eventual producción en yacimientos no convencionales y off shore-, la expansión de nuestra infraestructura gasista y las acciones concretas a implementar frente a los diversos escenarios de abastecimiento (o desabastecimiento) de este energético, esencial en nuestra matriz.
Del mismo modo, es necesario conocer posiciones y propuestas concretas frente al fomento de la actividad minera en Colombia, especialmente respecto al estímulo de la exploración y explotación de minerales esenciales para la transición energética, como el cobre, el oro y las denominadas ‘tierras raras – coltán’, así como también la agilización de los trámites de licenciamiento ambiental de los proyectos mineros. En la misma línea, es necesario conocer las posiciones de los candidatos respecto a la necesaria tecnificación de la industria minera (minería inteligente), nuestra compleja coyuntura asociada a la formalización minera y las acciones urgentes a implementar contra la extracción ilícita de minerales, que junto con el narcotráfico, es una de las principales amenazas que enfrenta el Estado Colombiano y que, dada su magnitud y complejidad, hoy debe ser abordado desde un enfoque integral.
Por último, urge que los candidatos presidenciales, conozcan la importancia de contar con la Ley de Coordinación y Concurrencia pendiente de tramitar en el Congreso de la República, que permita la definición de pautas de articulación, procedimientos, plazos y contenidos que otorguen una mayor seguridad jurídica y aporte mejorar el relacionamiento territorial con autoridades locales y comunidades en la ejecución de proyectos minero-energéticos de minería, hidrocarburos y electricidad. Asimismo, esta ley aportaría valor si fija pautas claras respecto a la incorporación de la variable minero-energética en los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y sus respectivos planes de desarrollo.
Todos estos temas, aún sin mayores respuestas, ameritan un debate electoral riguroso y sensato, ausente de populismos delirantes o ruinosos, que le permita conocer al país el rol que jugará la transición energética, ya en marcha, con mensajes claros y sinceros, que no lleven a engaños a la ciudadanía ni a la desinformación, entendiendo que la minería es esencial para la transición energética, que en las próximas décadas habrá un aumento exponencial en la demanda de minerales y metales claves para esa transición, como el cobre, el litio, el acero (que requiere carbón metalúrgico) y que el mundo no dejará de consumir carbón ni hidrocarburos en el corto plazo, menos aún con el grave conflicto internacional derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene lugar mientras se redactan estas líneas y que, entre muchas otras aristas, evidenció el grave problema de dependencia energética que aqueja a varios países europeos (tema que abordaremos en otra columna).
