Por: Jhonathan Leonel Sánchez Becerra, Historiador
La única forma que tiene un gobierno ilegítimo para mantenerse en el poder es la tiranía: cerrar el círculo del Estado en torno suyo, y doblegar a su servicio a los organismos de vigilancia y control y a las estructura legislativa y judicial; es decir, gobernar bajo el imperio de la violencia, sin respeto a la justicia ni a las leyes.
Hoy en Colombia, los enemigos de la verdad y la paz, cómplices de la corrupción y el terrorismo pretenden convencer a la opinión pública de que existe un odio selectivo contra la derecha o el partido de gobierno, pero lo cierto es que la sociedad civil rechaza la violencia y la delincuencia, cualesquiera que sean sus orígenes, y desea que los criminales comparezcan ante la justicia; ya sean de derecha o de izquierda, militares, paramilitares, guerrilleros, políticos o empresarios que hayan promovido intelectual o materialmente el conflicto social.
Es claro que debemos empezar por alejarnos del fanatismo sectario para ver la realidad del país con sensatez y reconocer, pese a las circunstancias, que estamos frente a una gran oportunidad de cambio. Sin embargo, para que eso suceda en el año 2022 la ciudadanía debe comprender que lo que está ocurriendo ahora a todo nivel no es un tema de derechas o de izquierdas, sino un asunto de justicia que debe resolverse en el marco de la constitución y la ley. Basta ya de justificar lo indefendible desde la emocionalidad y no argumentar con la razón.
Las comunidades tienen el deber de procurar sobreponer sus intereses de clase sobre los intereses de la clase política tradicional. No podemos seguir aceptando que los cargos de la república sean hereditarios ni que nos impongan candidatos y demás líderes políticos como resultado de un acuerdo entre ellos mismos, más cuando la lógica indica que el procedimiento es al contrario: los aspirantes a curules de elección popular deben ser figuras independientes, propuestos por la ciudadanía de entre aquellos que mejor interpreten sus necesidades por la práctica y no por la teoría.
Los polarizadores profesionales de la sociedad colombiana han conseguido reinar más de doscientos años como resultado de dividir ideológicamente al pueblo a través de la manipulación y la violencia. Aquellos que pretenden justificar la violencia buscando el equilibrio por lo bajo, son enemigos de la nación, fanáticos ciegos que con sus acciones solapan la falta de presencia del Estado en las zonas bajo el control de grupos ilegales.
La ciudadanía no debe perder la capacidad de asombro y de conmoverse frente a la atrocidad con la que se ciega la vida en Colombia o son dilapidados los recursos públicos, aunque a veces sintamos cómo se cae la esperanza en medio de un vacío infinito.
Rechazamos que en nuestro país se masacre a la juventud tanto como la justificación de esos crímenes sistemáticos que, perpetrados contra la población civil desarmada, se convierten automáticamente en crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, solicitamos con carácter urgente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
La confianza ciudadana en nuestras instituciones se encuentra minada a razón del desequilibrio de poderes, pues es de público conocimiento que las cabezas visibles de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, así como de la Contraloría General de la República, hacen parte del partido de gobierno, lo cual genera dudas respecto a la independencia de dichos organismos para cumplir a cabalidad con sus funciones.
Incluso el tema da para un debate ético, pues las personas que asumieron dichos cargos hicieron parte del equipo de campaña del señor Iván Duque Márquez y podrían presentar inhabilidades e incompatibilidades según el régimen al que deben someterse los funcionarios públicos.
Lastimosamente, estamos en el país de la infamia, donde la lógica perece frente a los caprichos de los gobernantes de turno; donde gran parte del periodismo y los medios de comunicación pasaron de ser servicios públicos de información a ser meros instrumentos de dominación de las masas que se venden al mejor postor; y donde los políticos mienten sin vergüenza y con cinismo, a tal grado de intentar convencernos de que el agua es más peligrosa que el glifosato, que el fracking es inofensivo y que la explotación de hidrocarburos es más importante que la protección de los páramos.
El gobierno ha aprovechado como excusa el virus de la COVID-19 para aprobar la incursión de militares estadounidenses en Colombia sin la previa autorización del Senado de la República, destinar los recursos públicos de la nación para financiar a la banca privada, desviar los recursos de la educación y la cultura para otros fines y vender las reservas hídricas y de oro de Colombia, entre otros actos que sin dar las explicaciones correspondientes, solo pueden ser calificados de alta traición a la patria.
Es hora de preguntarse: ¿dónde están los políticos que en elecciones se declaran defensores de los humildes?, ¿dónde están los profesionales, intelectuales y académicos que sus voces no se oyen cuando más se necesitan? También son cómplices los que guardan silencio frente a la injusticia.
Nosotros, algunas pobres golondrinas solitarias, elevamos desde Boyacá nuestra voz de solidaridad con las víctimas, sus familiares y amigos, y deseamos que nuestro sentimiento llegue y los acompañe en los lugares más apartados del país. Desde aquí seguiremos cantando al universo hasta que llueva la justicia para todos.
