Observatorio de procesos electorales de la UPTC (OPE)
A pesar de que la Universidad cuenta con un ostentoso ‘Director de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones’, el sistema de votación electrónica adoptado hace ya tiempo, definitivamente no servirá para la avalancha de elecciones que se aproxima, a pesar de que en el último trimestre del año pasado se pagaron dos contratos por 200 millones de pesos para auditar las condiciones del sistema. Se piensa que el más burdo clientelismo se ha apoderado de los procesos de elección de representantes estudiantiles, profesorales, de egresados, del sector productivo, de ex rectores, de decanos.
La UPTC está galopando sobre un carrusel electoral. A comienzos de marzo la rectoría de esta institución convocó a más de una veintena de elecciones de representantes de estudiantes, profesores y egresados ante diversos comités y consejos internos.
Algún alienígena ingenuo diría que sería la manifestación de la más genuina democracia participativa; sin embargo, tal como ocurrió con la elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario, quien fue reelegido por tercera vez, este proceso está mediatizado por las prácticas venales de las redes clientelistas. De igual forma, gran parte de las elecciones en curso corresponden a comicios suspendidos a finales de noviembre del año pasado cuando el sistema de votación electrónica -tan publicitado en 2015 como la “octava maravilla del mundo” virtual, el mejor artificio tecnológico- colapsó, siendo las protuberantes fallas técnicas el origen de la fulminante destitución de la entonces coordinadora del Grupo de Organización y Sistemas (GOS).
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Tres meses después, en marzo de 2017, la rectoría, parapetada detrás de un Comité Electoral de bolsillo, expide la Resolución 012, la cual plantea volver al sistema de votación tradicional, la papeleta, aduciendo “la imposibilidad técnica de llevar a cabo los procesos de votación electrónica”, sentenciando en el parágrafo del artículo 1 de esta disposición: “Cuando el sistema de información de votación electrónica no cuente con las condiciones adecuadas (…), se podrá optar por el sistema de tarjetón electoral, aunque sea diferente al señalado en la resolución de convocatoria”, endosándole un poder omnímodo a un funcionario con una enrevesada denominación: director de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones. Además de las interferencias que proliferan en los procesos electorales, ahora se le añade la incapacidad de la administración universitaria por garantizar los procesos electorales, justificando las suspensiones con el trillado argumento de “fallas técnicas” del servidor o de su plataforma tecnológica.
Como la gratuidad no existe, la universidad contrató en 2015 y 2016 una auditoría al sistema de votación electrónica con la firma “Auditoria Integral y Seguridad de Sistemas de Información Limitada”, mediante la modalidad de invitación privada -contraria a la pluralidad de oferente-, por $83,7 millones y $111,4 millones, respectivamente, es decir, alrededor de $200 millones que se desvanecieron en la danza de los millones de la contratación[1].
El retorno a la convencional urna y tarjetón[2], después de un brevísimo intervalo de votación vía internet, es la oportunidad para repensar la democracia electoral en la principal institución universitaria de Boyacá, en la que a falta de un régimen de inhabilidades e impedimentos, ha llevado a que empresarios de bajo perfil, ajenos a la problemática universitaria, son reelegidos por obra y gracia de quienes controlan las cámaras de comercio, ávidos de puestos y contratos, así como administradores académico que pretenden representar a los profesores, cuando meses atrás ocupaban cargos directivos. Es la puerta giratoria en que, sin escrúpulo alguno, se practica el mimetismo burocrático[3], el cambio de roles, siendo los síntomas indeseables de cómo se ha pervertido la desfigurada democracia electoral.
La transparencia es un principio inquebrantable de la democracia; sin embargo, tal como se han concebido y diseñado los procesos electorales universitarios, estos no ofrecen garantía alguna. El más burdo clientelismo se ha apoderado de los procesos de elección de representantes estudiantiles, profesorales, de egresados, del sector productivo, de ex rectores, de decanos, etcétera. Aún más, la inestabilidad en la presidencia del Consejo Superior Universitario (tres presidentes en un año), es una manifestación del poco interés que le presta el Gobierno Nacional a la universidad, en que tienden a perpetuarse personajes que la han postrado académica y administrativamente, opacando su presencia regional y nacional.
[1] En septiembre de 2016 se firmó el contrato para la “construcción de infraestructura e instalación de ascensor para discapacitados en el edificio central”, por una valor de $445,3 millones. Curiosamente el contratista tiene los mismos apellidos de un ex rector: Mauricio Sandoval Fonseca.
[2] Es de suponerse que los tarjetones se imprimirán fuera de la universidad, puesto que la imprenta fue una de las primeras víctimas de la reforma administrativa, siendo, de hecho, desmantelada. Ahora vendrá el proceso de venta de sus equipos y maquinarias al mejor postor. Es, después de la vigilancia interna, en manos de Digital Ltda., el próximo campo de la tercerización de servicios.
3 En las próximas semanas se “renovarán” las decanaturas de varias Facultades. Unos decanos fueron removidos y otros fueron ratificados. Este es el caso del decano de la Facultad de Estudios a Distancia (FESAD), quien aspira a completar diez años en este cargo, a pesar de que no es profesor universitario y tener, a diferencia de los demás decanos, una vinculación de libre nombramiento y remoción. De otra parte, el ex decano de la Facultad de Economía fue “premiado” con el nombramiento como coordinador de la regionalización de la UPTC-léase creación de la sede de Aguazul-, además, para sorpresa y estupor de muchos, como coordinador de la Maestría en Derechos Humanos.
