Hace una semana, otro accidente fatal en la minería del carbón en Boyacá, y ahora casi que ni las condolencias; entre tanto en el occidente del departamento, miles de guaqueros, se levantan para exigir que les permitan hacer el rebusque que pueden como medio de subsistencia.
Las respuestas esperadas en realidad no llegan. En ambos casos, ninguna instancia del gobierno ha hecho su aparición. O mejor, nadie ha expresado una sola idea para avanzar en las soluciones que requieren los problemas que han surgido.
La segunda semana de noviembre volvió a ser fatal para la minería del carbón en el departamento, esta vez en el municipio de Tasco, con la muerte de dos obreros en una mina dedicada a la extracción del mineral que vuelve a reproducir la tragedia debido a las mismas causas: la inseguridad en el trabajo.
El hecho, sin embargo, prácticamente pasó desapercibido, como si ya fuera normal que cada semana se presente un accidente de esta naturaleza y que un muerto más o menos, ya no conmueve.
Dado este nuevo escenario de manejo de la tragedia, es necesario volver sobre la necesidad de aplicar los correctivos a que haya lugar y por eso se esperaría que las distintas instancias del gobierno se dieran a la tarea de buscar fórmulas que lleven a mitigar y, si es posible, erradicar el problema. Pero eso no hay asomos de que suceda.
Veámoslo de esta manera: que los alcaldes, como las autoridades inmediatas, que tienen que atender las circunstancias, buenas y malas, en este caso deberían ser los que encabezaran la acción; primero, en sus propias jurisdicciones, analizando con los protagonistas de la actividad: titulares mineros, empresarios, trabajadores, transportadores, comercializadores, consumidores; luego, la exigencia a instancias superiores en el departamento y la nación, para que se logren los apoyos y se tomen los correctivos.
Sin embargo, que se sepa, ningún alcalde ha tomado estas iniciativas en serio. En lo local, el alcalde trata de estar bien con todo el mundo, así que mientras menos polémica suscite, mejor: o porque es amigo de los empresarios, o porque no quiere que su municipio tenga la imagen negativa de los hechos, o por cualquier razón, que siempre la habrá, los alcaldes tratan de evitar cualquier episodio que los saque de su zona de “favorabilidad con todo el mundo”. A su vez, es evidente que el temor a molestar al gobernador, al ministro, al presidente de la Agencia tal o cual, a la superintendencia correspondiente, etc., pareciera que los paraliza en la acción, así que tampoco reclaman.
A su turno, los mineros, sea como titulares, empresarios o incluso como trabajadores, terminan evadiendo el abordaje y la profundización de los problemas. Se sabe que el sector es demasiado informal y que cualquier reclamo que moleste a algún funcionario, puede significar un conflicto con el título minero, con la licencia ambiental, con la seguridad social, con la Dian, con otros sectores de la comunidad.
En el otro extremo, los grandes consumidores, en este caso del carbón, que son las plantas generadoras, también permanecen, lo más que pueden, al margen del problema para evitar bochornosas situaciones que puedan exigirles mejores condiciones de precio para la materia prima; lejos de pensar en compensar realmente los costos de producción a través del precio. Para el caso de Boyacá, en los casi 60 años de operación de las unidades térmicas, jamás estas han aceptado reglas claras de comercialización del carbón, y parece que menos ahora, cuando todo indica que las gerencias de las empresas, Gensa y Eléctrica Socahagota, lo único que persiguen es el máximo lucro posible, sin importar lo que suceda con las tragedias familiares de los trabajadores que mueren incesantemente en lo profundo de los socavones. Podría pensarse también que los políticos aportarían en la solución. Tampoco. Las experiencias con figuras como la de Gustavo Puentes, tres periodos en el Congreso, resultan frustrantes. Del resto de la actual bancada boyacense, ninguno de ellos está comprometido con el sector, o más complicado, ninguno sabe del tena.
Y para completar los males, las organizaciones de productores, en este caso Fenalcarbón o Fenalcarboy, como se hacen llamar en Boyacá, jamás han consolidado procesos de verdadera defensa de los intereses colectivos e integrales de la actividad. Todos terminan en la vorágine del sálvese quien pueda.
Pero la idea no es la queja y el lamento. El asunto es que esto debe tener alguna solución. Alguien debe tratar de ofrecer alternativas y salidas. Podría pensarse que hoy esto debería ser encabezado por el gobierno departamental. El gobernador Ramiro Barragán y su equipo, desde la Secretaría de Minas, debería articular el proceso dado que es el eslabón indicado entre los alcaldes, los productores, los comercializadores, los trabajadores, las generadoras y el gobierno nacional.
Es indispensable una mesa de trabajo con objetivos claros y un cronograma que no se limite a una o dos reuniones de protocolo, sino que se convierta en el espacio de trabajo durante el tiempo que sea necesario, para abordar la discusión desde sus múltiples complejidades, desde luego que apoyados por la Academia, que se supone también tiene mucho que decir y aportar en todo este proceso, dado que en el caso de la UPTC, desde sus comienzos, parte de su tarea ha sido la de formar los profesionales afines al sector desde la facultad de minas de Sogamoso y la carrera de ingeniería metalúrgica en Tunja.
En cuando al Occidente del departamento, siendo la problemática de la explotación de esmeraldas un asunto con características completamente distintas a las del carbón, dadas las condiciones socioeconómicas y los miles de personas que están vinculadas a la guaquería, lo cual ha venido siendo profundamente modificado por el cambio en el panorama de la propiedad y manejo de las minas, igual necesita de una intervención a fondo para evitar mayores calamidades, que lo son, humanas, ambientales y económicas.No es admisible que ante los acontecimientos de los últimos meses, con las emergencias y tragedias de la minería del carbón, y la movilización social del Occidente, el gobierno departamental no se haya pronunciado, mientras que el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Minería, lo único que se le ocurre es mandar un bus con un grupo de funcionarios para hablar de legalismos y reglamentos, como si las tragedias no estuvieran sucediendo.
Mientras se permita este tipo de explotación minera de forma
Artesanal vamos a continuar viendo estas tragedias . Y cómo usted lo comenta en su artículo esto se convierte en un círculo que no tiene salida donde son varios los actores y donde nuca se ha visto voluntad de solución . Como toda actividad económica todo parte de precios que imponen los monopolios en que se convierten los pocos compradores del carbón térmico la falta de control por los entes alos que les corresponde empezando por las autoridades locales quienes no deben permitir que estos socavones o que no cumplen con los mínimos de seguridad minera deben ser cerrados .y que no decir por el daño ambiental que este tipo de explotaciones producen mesas de trabajo han sido muchas y todo se queda en bla bla porque las soluciones no se ven. Triste panorama y más triste.es ver que no se vislumbra una solución clara hacia el futu para no tener que escuchar más estas noticias en nuestro país