Derecho a la alimentación, un mandato que se incumple en Colombia

“El 54 por ciento de la población en Colombia sufre de inseguridad alimentaria, es decir que se levantan diariamente sin la certeza de un desayuno, situación que se intensifica en poblaciones indígenas y afro, en regiones como la Orinoquia y la Amazonia, y en los departamentos de La Guajira, Chocó, Cauca y Nariño”.

Por | Agencia UN

Así lo afirmó el profesor Aníbal Orlando Herrera, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, durante el III Seminario Internacional la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación: alternativas a las crisis alimentarias.

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Para el académico, “el derecho a la alimentación se viola con la indolencia de los Gobiernos en diferentes partes del mundo, y sobre todo en las comunidades más pobres y vulnerables. Una muestra de ello es que, como humanidad, hemos gastado 190 veces más en armas que en la lucha contra el hambre”.

Señaló además que la pandemia del COVID-19 agravó la situación de la falta de alimentación en los hogares.

“En Colombia recordamos las banderas rojas en las puertas de los hogares pidiendo alimento durante los toques de queda de 2020; los hogares que consumían tres comidas al día pasaron de un 90 % antes de la pandemia a un 70,9 % durante la emergencia sanitaria, según indica la encuesta Pulso Social del DANE”.

Tales factores hacen que el país se encuentre en un punto crítico en seguridad alimentaria, pues las condiciones del campo son difíciles para la producción de alimentos y los insumos se han encarecido, lo que ha reducido la producción.

Los expertos invitados al Seminario destacaron la importancia de establecer alianzas entre el campo y la ciudad para mitigar esta problemática.

La profesora Juliana Sabogal Aguilar, directora del Grupo de Investigación Estudios Rurales y Soberanía Alimentaria (ERSoA) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL, manifestó que los derechos de los campesinos se deben priorizar y trabajar mancomunadamente desde el nivel central hasta la ruralidad del campo.

“El hecho de que el campesinado esté luchando por la conservación del agua, el equilibrio ecológico y la preservación de semillas, los saberes y alimentos, no significa que sea responsabilidad exclusiva de ellos. Es responsabilidad del Estado no solo reconocerlos, sino que colectivamente se deben generar condiciones para la vida humana y la no humana, para potenciar las acciones en el campo, además de brindar un acompañamiento desde la ciencia y la tecnología”.

La profesora indicó que “la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE 2020 mostró que un 40 % de la población gana menos de un salario mínimo. En promedio, estos 5,7 millones de hogares pobres ganan $664.000 mensuales y destinan para alimentos $157.368 mensuales”.

Espiral de problemas

Otro invitado al evento, Juan Carlos Morales, director ejecutivo de la ONG Food First Information and Action Network (FIAN) Seccional Colombia, señaló que la falta de alimentos en los menores de 0 a 5 años es una situación preocupante, pues cuando un niño no recibe los nutrientes suficientes tendrá tallas más bajas y aprenderá más lentamente.

Con respecto al hambre oculta, manifestó que “los niños entre 1 y 4 años presentan deficiencia de vitamina A; las poblaciones indígenas y afro están por encima del promedio nacional, que es de 7,3, además, casi el 11 % de los niños menores de 5 años están por debajo de la talla normal”.

El experto aseguró que a pesar de que las cifras son alarmantes, el Estado no reconoce el hambre más allá de un problema fisiológico, y las políticas públicas no tienen en cuenta los daños que ocasiona la falta de alimento, no solo a nivel físico sino también mental, “anulando los sueños de las personas, generando destrucción del tejido familiar y social y daños en pérdidas de territorios”.

El Estado colombiano, según el experto, promueve el extractivismo ambiental, es decir que los recursos económicos, de salud y alimentación adecuada se ceden a las empresas, al sector financiero, y no se les da prioridad a las comunidades.

En su opinión, el país requiere con urgencia actualizar la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN), ya que la última se hizo en 2005. Esta debe mostrar la realidad actual de los hogares colombianos.

“Hace 17 años la ENSIN mostraba que en los hogares rurales integrados con jóvenes la prevalencia de inseguridad alimentaria era del 56,7 %, situación que sin duda se ha agravado con los años, en especial desde 2020”.

Según los expertos, para combatir la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos se requiere, además de los programas de ayuda social alimentaria, iniciativas focalizadas en los grupos más vulnerables, que tengan como objetivo reducir la pobreza y elevar el nivel educativo.

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