Corrupción: Plato fuerte del día en Boyacá

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Un exalcalde de Cómbita, cuatro funcionarios del Itboy y un particular fueron condenados a penas privativas de la libertad por casos de corrupción.

La Fiscalía 19 Seccional de Administración Pública en Tunja demostró que el exalcalde de Cómbita en el periodo 2004 – 2007, Édgar Aguilar, se apropió indebidamente de unos recursos que debían destinarse al saneamiento básico de viviendas en la zona rural de ese municipio. Por esta conducta el exalcalde fue condenado a seis años de pena privativa de la libertad.

El exmandatario asociado con un particular, compraron una reconocida ferretería del municipio, y a través de la papelería perteneciente a este negocio, emitieron y cobraron diez órdenes de compra por valor de 26 millones de pesos. El plan de Aguilar y su socio se vio frustrado ya que los cheques de pago para esas órdenes fueron girados a nombre de la anterior propietaria del negocio; ella, siendo consciente de que jamás había tenido ningún vínculo comercial con la Alcaldía Municipal, avisó a las autoridades. Una vez se realizó la denuncia, el CTI de la Fiscalía se puso al frente de la investigación, y encontraron que a partir de la generación de estos documentos falsos y a través de la utilización del nombre de un tercero, que no había autorizado para ello, se había realizado una apropiación indebida de esos dineros.

Al exalcalde se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Además de tener que cumplir una pena de seis años en prisión, Aguilar deberá pagar una multa superior a los 31 millones de pesos. El exalcalde tampoco podrá ocupar cargos públicos por 82 meses.

En el caso del Itboy, se dictó condena a cuatro funcionarios por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Según la investigación realizada por la Fiscalía 19 Seccional de Administración Pública en Tunja se encontró que estos funcionarios, entre los años 2004 y 2005, realizaron de manera ilegal trámites de matrículas y registros de automotores en puntos de atención de Tunja, Guateque, Villa de Leyva y Paipa; sin tener en cuenta los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte para vehículos de carga pesada de servicio público.

Los funcionarios realizaron las matrículas por vía de reposición y chatarrización de vehículos con documentos ficticios, certificaciones de chatarrización y reposición de un mismo vehículo. En total realizaron el registro de 22 tractomulas. Se estima que mediante estas irregularidades los condenados pudieron obtener, de forma indebida, cerca de 20 millones de pesos por cada trámite.

María del Rosario Yordan, quien se desempeñaba como directora del punto de atención del instituto en Villa de Leyva, fue condenada a una pena privativa de la libertad de ocho años y seis meses, más una multa de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). También fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 120 meses. Yordan fue encontrada culpable de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

José Manuel Pedraza, quien se desempeñaba como asistente administrativo en el punto de atención del Itboy en Villa de Leyva, fue condenado a una pena de prisión de tres años y seis meses más una multa de 40 smlmv. Pedraza fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de 40 meses.

Carlos Soto Galván, quien ejerció labores como subgerente administrativo del Itboy, recibió una pena privativa de la liberta de nueve años. También fue multado con 10 smlmv y no podrá ocupar cargos públicos por 120 meses.

Javier Adriano Sanabria, quien se desempeñaba como jefe de control interno disciplinario del Itboy, fue condenado a seis años y seis meses en prisión más una multa de 60smlmv. No podrá ocupar cargos públicos por un periodo de 65 meses.

El particular Víctor Ernesto Chaparro, que actuaba como tramitador, fue condenado a seis años y seis meses por el delito de estafa agravada. Deberá pagar una multa de 300 smlmv.

Los vehículos que tramitaron su matrícula bajo esta modalidad serán sancionados con la cancelación de la matrícula.

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