Constructor Iáder Barrios se refiere a la imputación de cargos de la Fiscalía contra él y contra el exalcalde de Paipa Jorge Herrera

Señala que fue él quien denunció al Alcalde por pretender realizar un programa de vivienda de interés social sin tener certificado de disponibilidad presupuestal y sin contar con los beneficiarios que fueran susceptibles de subsidio. Barrios también se refiere a sus demandas multimillonarias contra Paipa por el daño que a su empresa constructora le generó la intervención decretada por la Alcaldía.

Iáder Barrios Hernández es el constructor que más se ha mencionado en Boyacá en la última década, pero no por los exitosos programas de vivienda que pudo haber levantado sino por los líos administrativos y financieros en que terminó metido y en que involucró a gobernantes de varias ciudades.

Por un programa suyo en Paipa, Multifamiliar Primero de Mayo, el exalcalde de esa ciudad Jorge Alberto Herrera Jaime acaba de ser imputado por la presunta comisión de varios delitos en favor de terceros.

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La Fiscalía General de la Nación imputó a Herrera por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Según el material probatorio recopilado, en el 2011 el entonces mandatario habría firmado un contrato con una unión temporal para construir viviendas de interés social en terrenos del municipio.

Dice la Fiscalía que las investigaciones determinaron que el proyecto no contaba con el concepto de elegibilidad dispuesto por la ley, lo cual impidió que las cajas de compensación familiar asignaran subsidios de vivienda a los interesados en adquirir las unidades residenciales.

“Esto hacía inviable que el municipio desarrollara el proyecto habitacional, ante lo cual el Alcalde escrituró al constructor los terrenos donde se construirían las edificaciones. Otra de las aparentes irregularidades estaría relacionada con que en el acta de liquidación del contrato se habría consignado información errónea”, indicaron en la Fiscalía Seccional Boyacá.

Este caso fue conocido por la Fiscalía mediante una acción popular, con la cual los compradores de las viviendas buscaban que les fueran devueltos los dineros que alcanzaron a invertir.

“Por este caso, próximamente será imputado el contratista Iáder Barrios, quien ya fue vinculado a la investigación”, anunciaron en la Fiscalía.

Pues Barrios dice que la denuncia contra el exalcalde Herrera Jaime fue presentado por él y que en el caso de los cargos que le imputan, no se le ha respetado el debido proceso y que espera poder demostrar que actuó de manera legal.

EL DIARIO: ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2011, cómo llegó usted a Paipa?

Simplemente se abrió una licitación pública mediante la cual el Instituto de Vivienda de Paipa buscaba un inversionista constructor para construir 160 apartamentos en un conjunto multifamiliar denominada Primero de Mayo.

EL DIARIO: ¿Antes de eso usted, conocía al alcalde de ese entonces Jorge Herrera Jaime?

No solamente no conocía al Alcalde sino que no conocía a nadie en esa administración.

EL DIARIO: ¿Qué pasó? ¿Por qué el proyecto de vivienda comenzó mal?

En concreto porque ni en la Alcaldía, ni el Alcalde ni en el Instituto de Vivienda tenían conocimiento de cómo funcionaban los programas de vivienda. Fue por eso que, repito, por desconocimiento de la ley, el Instituto de Vivienda sacó una licitación que no contaba con certificado de disponibilidad presupuestal y que tampoco tenía los 160 beneficiarios que fueran susceptibles de subsidio.

Iader Barrios, mismo constructor de Torres del Parque en Tunja. Foto | Archivo

EL DIARIO: ¿Por qué se necesitaba de disponibilidad presupuestal, luego no era usted el que iba a construir los apartamentos?

Se creó una unión temporal en la que yo construía y el municipio subsidiaba el valor del lote, pero sí se necesitaba la disponibilidad presupuestal porque era una obra pública y la entidad territorial debía tener la plata para ajecutarla. Ese proyecto nunca debió salir a licitación sino que lo que se debió haber hecho fue conformar una alianza público privada para desarrollar el proyecto de vivienda multifamiliar, como se hace en el resto del país.

EL DIARIO: ¿Pero el proyecto se comenzó a ejecutar sin que se aclarara cómo eran los términos del contrato?

Como yo era el inversionista radiqué ante la Findeter la elegibilidad y mientras me daban respuesta inicié a construir, a comprar materiales; ya llevaba inversiones de $4.200 millones de crédito con el Banco GNB Sudameris y había importado materiales para los apartamentos, que unos años después estaban ahí cuando el alcalde, Yamit Noé Hurtado intervino a mi empresa.

Este es el documento de constitución de la unión temporal para la construcción del proyecto de Paipa, en el cual estaban contempladas las obligaciones de las partes.

EL DIARIO: ¿Y entonces qué pasó?

La solución, que fue la que propusieron los abogados del municipio, fue que se liquidaría la unión temporal y que, como no había beneficiarios del subsidio, yo comprara el lote, lo que hice, por la suma de 880 millones de pesos que el Banco GNB Sudameris me prestó aumentando la capacidad del cupo de crédito. Ese precio fue el que se determinó con el avalúo comercial realizado en ese momento. Sin embargo, yo no debí haber aceptado esa figura sino que debí haber demandado al municipio; creo que ese fue mi gran error. No debí haber aceptado la propuesta que ellos se inventaron para que yo les ayudara a solucionar el problema.

EL DIARIO: ¿No deja de llamar la atención que usted y la administración de Paipa no supieran cómo se manejaba un programa de vivienda social?

Pues sí, ellos desconocían la ley. He construido en el país más de 8.000 soluciones y no sabía que un municipio de la categoría de Paipa no puede hacer vivienda de interés social. Ellos también desconocían eso.

EL DIARIO: ¿De qué área de terreno estamos hablando?

Son lotes con dos matrículas inmobiliarias, la 07488985, que tiene 7.125 metros cuadrados; y la otra, de matrícula 07485740, con 2.215 metros cuadrados. Incluso se dejaron 2.317 metros cuadrados de áreas de cesión, frente a la Avenida a las piscinas, porque la norma lo exige. Esas áreas hoy son del municipio; nunca se pudieron incluir en la dación de pago al banco.

EL DIARIO: ¿Hasta dónde llegó usted en la construcción de esos 160 apartamentos?

En ese momento de liquidó la unión temporal y se volvió un proyecto privado y al ser privado dentro de la liquidación de la unión temporal se determinó en las promesas de compraventa que yo debía responder por esas viviendas.

EL DIARIO: ¿Pero usted no respondió?

Pues es que de 50 que firmaron la compraventa apenas 8 eran susceptibles de subsidio y los demás todos fueron postulados por el Instituto de Vivienda, que era la facultad que tenían ellos dentro de la unión temporal. Dentro de la unión temporal era el municipio el que enviaba los beneficiarios y yo firmaba las promesas como representante legal de la unión temporal.

EL DIARIO: ¿Si ya era privado, por qué se siniestró el proyecto?

Al convertirse en privado, el Banco GNB Sudameris, que era la entidad financiera que me tenía prestada la plata que me respaldaba, consideró que ese proyecto se podía dejar para después y que yo debería enfocarme en los programas de vivienda de Tunja, Yopal y Ventaquemada, que eran más grandes, que eran públicos y que se adelantaba con el departamento y los municipios. El proyecto de Paipa era privado y podía esperar; eso consideró el banco.

EL DIARIO: ¿Quién propuso la fórmula de liquidar la unión temporal y que usted comprara el terreno?

Los asesores jurídicos del Alcalde; ellos determinaron que era necesario no solo dar por terminada esa unión temporal sino que la única salida era que yo comprar el lote.

EL DIARIO: ¿Si no estaba de acuerdo con esa fórmula por qué aceptó?

Repito que ese fue mi error, pero después yo presenté la denuncia contra el Alcalde ante la Fiscalía, cuando en el 2016 sufrí la intervención por parte del alcalde que reemplazó a Jorge Herrera, el médico Yamit Noé Hurtado.

EL DIARIO: ¿Si presentó la denuncia contra el Alcalde Herrera ante la Fiscalía por qué ahora también le imputan cargos a usted?

Porque me han violado el debido proceso; no me han llamado en la investigación previa. Ahora me dicen que me va imputar cargos pero desconozco totalmente el proceso y estoy y pidiendo ser escuchado en versión libre o entrevista para que así el fiscal tenga el acervo probatorio y así, si lo considera, me impute cargos.

EL DIARIO: Les imputan a ustedes, al Alcalde y al constructor, delitos de peculado por apropiación. ¿Por qué?

Pues no me han llamado hasta ahora y no conozco el proceso pero supongo que porque me vi obligado a comprar un lote que yo no quería comprar. Supongo que piensan que hubo un detrimento para el municipio, pero puedo demostrar que se hizo con base en un avalúo comercial. Adicionalmente la inversión que yo tenía era muy representativa para terminar el proyecto.

EL DIARIO. En Paipa hay quienes dicen que los materiales de esos edificios que se alcanzaron a levantar no son de buena calidad, que no cumplen con las especificaciones de construcción.

Es la primera vez que me dicen eso. Si más de 30 personas que conocieron los apartamentos cuando se liquidó la unión temporal compraron es porque se dieron cuenta de la calidad de esas obras. La calidad de los materiales es excelente.

EL DIARIO: ¿En qué van sus demandas contra Paipa por la intervención de su empresa?

Hay una demanda que está para segunda instancia en el Tribunal Superior de Tunja, por 77.000 millones de pesos y hay otra demanda de reparación directa en el Consejo de Estado, por la extralimitación de funciones del alcalde Yamit Noé Hurtado y de su Gobierno. Si el Banco Sudameris le dio al municipio 2.600 millones de pesos para pagarle a los que habían comprado apartamentos por qué mantuvieron la liquidación, remataron mis bienes y ahora sacaron una resolución liquidando mi empresa?

EL DIARIO: ¿Cuántas personas alcanzaron a comprar vivienda cuando estaba la unión temporal y a usted, cuando el proyecto era privado?

50 cuando estaba la unión temporal y 32 en el proyecto privado.

EL DIARIO: De todos esos compradores, ¿a cuántos se les devolvieron sus recursos?

Hasta el día de hoy no sé cómo lo haya manejado el municipio. Lo que sé es que, después de la intervención, el Banco recibió el proyecto como dación de pago por la suma de 13.500 millones y que el Banco le dio al municipio 2.600 millones de pesos. De todo eso existen las pruebas y los certificados de los giros realizados. Supongo que esos recursos se utilizaron para pagar a los compradores en la parte que habían cancelado.

EL DIARIO: ¿Por qué dice usted que hubo irregularidades con la intervención?

Porque el municipio no tenía facultades para eso, menos para nombrar un interventor que no tenía las calidades y al que le pagaron más de 100 millones de pesos mensuales. Nunca debieron haber rematado los materiales que había en las obras; nunca debieron haber tomado mis oficinas y no podían, como lo están haciendo, liquidar mi empresa.

EL DIARIO: ¿Qué opina usted de que las autoridades de Paipa, que lo intervinieron, ahora ordenan la liquidación forzosa de su constructora?

Paipa se está extralimitando en todos los sentidos, a tal punto que hoy ha sido admitido en el Consejo de Estado el conflicto de competencias donde hoy la que debería estar liquidándome, si hubiera razones, es la Superintendencia Financiera, porque después de seis años de que Paipa administró mis recursos no logró sacar adelante a mi empresa sino que despilfarró mis recursos, rematando todos mis bienes a precios irrisorios, mientras que no tuvo en cuenta las obligación que yo tenía con acreedores, muchos de ellos amigos míos, que confiaban en mi.

EL DIARIO: ¿Cuánto perdió usted con el proyecto de Paipa?

En Paipa perdí todo, mi empresa, en lo ético, mi familia, mi vida profesional. Por eso reclamo una indemnización en la que la justicia me dará la razón tarde o temprano. Incluso hubo un fallo de una acción popular en contra de las tres partes que componían la unión temporal, por 1.700 millones de pesos, que deberíamos haber pagado las tres partes, el municipio, el Instituto de Vivienda de Paipa y yo, que terminé pagando solamente yo. Por todo eso me tendrán que responder.

EL DIARIO: ¿Ante qué tribunales o instituciones de justicia está acudiendo para defenderse?

No solamente la denuncia penal que formulé en el 2017 ante la Fiscalía, sino que ante la Procuraduría y Contraloría solicité una agencia especial para que se encarguen de mi caso y analicen las arbitrariedades y anomalías cometidas.

EL DIARIO: ¿A qué se dedica usted en este momento?

Estoy trabajando en todas mis demandas. Voy a demostrar los atropellos que se han cometido conmigo. Ahora soy empleado, después de más de 30 años de ser el dueño de mi propia empresa, porque debo sacar adelante a mi familia.

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