El evento que acaba de pasar en Cartagena y que reunió a los principales jugadores del sector, centró de nuevo su atención sobre estos asuntos que siguen entando sin definición clara en el campo legal y económico.
Significando también lo que el gobierno y el congreso no han querido despejar con la discusión y adopción de medidas que despejen los temores de los inversionistas, a la vez que cuiden el interés de los colombianos.
Expertos del sector minero nacional debatieron sobre cuáles son las alternativas que existen para concertar decisiones que generen confianza en los inversionistas extranjeros que se han declarado en alerta por la inestabilidad jurídica.
El impase de las consultas
Para la investigadora Asociada a Fedesarrollo, Astrid Martínez, quien participó en este Congreso Nacional de Minería, los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos están enfrentando dificultades por la debilidad institucional y por la inestabilidad de las reglas que los regulan.
Citando el estudio de Fedesarrollo, en el cual participó, la experta abordó el tópico del “Costo económico de la inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental de los proyectos de inversión en los sectores de minería, energía e infraestructura en Colombia”.
La señora Martínez sintetizó: “Las dos debilidades centrales de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa encontradas son: primero, las capacidades institucionales en el sector ambiental no son proporcionales al tamaño y tipo de proyecto; están sujetas a interpretaciones cambiantes dentro de la ANLA y las capacidades de las CAR son heterogéneas; y dos, no se cuenta con una Ley Orgánica que enmarque las consultas previas y estas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior”.
Llamó la atención sobre las consultas previas en un punto que resulta muy interesante en la discusión. Y es que según la experta, “el destino de un proyecto de posible interés general se define por la negociación entre comunidades pequeñas (en ocasiones de decenas de habitantes) y un agente privado”, queriendo decir que en realidad en el fondo, no hay participación de la comunidad, sino el protagonismo de unos pocos.
Critica también que “las Altas Cortes generan con frecuencia derechos explícitos adicionales a las comunidades dentro de un espíritu de compensación histórica, sin un balance con el interés general y debilitan las instituciones cuyas decisiones cuestionan”. Es evidente que un punto de vista así resulta con aristas para la controversia.
Añadió la investigadora Martínez que, “las consultas previas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior; el proceso de consulta previa se convierte en la práctica en una puja redistributiva entre comunidades pequeñas y una empresa, cuyos retrasos tienen impactos sobre el resto de la población”. Insiste la experta en que las consultas populares requieren un desarrollo normativo que aclare las competencias de los diferentes niveles del gobierno.
Que se intensifique la minería
La petición hecha por la misma experta Astrid Martínez, durante su intervención, estuvo dirigida a que en Colombia debe aumentarse, siquiera, en un 15% la producción del sector de Minas y Energía.
Si esto sucede, manifestó, “incrementar en 15% la producción del sector de Minas y Energía generaría un aumento de los ingresos fiscales en cerca de 0,4% del PIB, donde cerca del 70% del recaudo adicional es aportado por el impuesto de renta a las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol; 10% por las empresas carboníferas, y cerca del 2% por los proyectos de extracción de oro”.
Los costos de la inestabilidad jurídica
Durante el congreso, un panel de expertos reflexionó sobre el costo, para el sector minero, de la inestabilidad normativa. Estos son algunos de los aportes:
Para Gloria María Borrero Restrepo, Directora Corporación Excelencia en la Justicia, después de haber hecho el estudio correspondiente para el sector, “recomiendo que se incorporen en sus políticas y en las defensas del sector, los argumentos constitucionales. Creo que la propiedad privada es absolutamente compatible con el medio ambiente y la participación ciudadana; y creo que podemos ir cerrando esos espacios a la polarización”.
A su turno, Nicolás Palau, Director de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expuso el siguiente argumento:
“Definitivamente hay una oportunidad importante de política pública para trabajar la simultaneidad de los distintos procesos, permisos y trámites que se requieren para una explotación minera; no siempre es fácil, pero esto también pasa por una racionalización y por una eficiencia de los distintos trámites que se requieren”.
Palau recalcó sobre una de las consecuencias más negativas que la disparidad en el manejo de los tiempos en las distintas fases de trámite para empezar un proyecto minero. Analiza el experto que “uno de los grandes problemas, no siempre es la contradicción o control que puede haber entre los unos y los otros, sino la diferencia de tiempos que hay entre ellos; si uno se demora un mes y el otro tres años, ahí vamos a tener siempre una dificultad. Los tiempos de partida no van a ser iguales, dentro de un periodo de tiempo razonable. Es una recomendación que debería tenerse en cuenta para el mejoramiento de las perspectivas jurídicas del sector”.
Sobre las etnias
El asunto fue abordado por Patricia Arrázola Bustillo, socia de la firma de abogados Gómez – Pinzón Abogados, que presta sus servicios al sector.
Dijo la experta que sugiere “hacer realmente un censo de las comunidades étnicas dentro de toda la regulación de la consulta previa. También pensaría en la regulación del POT, en el tema de tierra tenemos que ponernos al día, para, de esa forma, saber dónde se puede y cómo se debe hacer la minería”.
Que el gobierno sea el gran facilitador
Esta fue la apreciación de Lombardo Paredes, CEO Gran Colombia Gold, compañía dedicada a la explotación de oro, para quien “todos estos procesos necesitan un gran facilitador, alguien que los mueva y que los empuje y por consiguiente es el gobierno quien tiene que hacerlo y de acuerdo con la sociedad civil, pero es el gobierno el gran facilitador que tiene que crear las condiciones para que los otros entes actúen; llegó el momento en el cual es fundamental la decisión que se va a tomar sobre quién va a ser el próximo presidente”.
