¡Colombia en la encrucijada: la difícil transición hacia una salida democrática!

Foto | @ivntepop

“El principal problema de Colombia no es la guerrilla… es la bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, conformada por una masa de jóvenes que nunca ha tenido oportunidades. Ellos saldrán de sus barrios y comunas, avanzado hacia los centros comerciales, almacenes de cadena y grandes negocios, arrebatando, lo que nadie les ha ofrecido”.

Gilberto Echeverry Mejía, 1999

Por: Luis Alfredo Muñoz Wilchez

Lo que en otra época era apenas un vaticinio, como el expresado por el lúcido empresario y mártir de la paz de la gobernación de Antioquia, ahora es una dura y explosiva realidad. Desde hace 40 días la rabia y la indignación de los jóvenes colombianos se tomó las calles y las avenidas de toda la geografía del país, produciendo el estallido social más hondo y significativo de la historia reciente de Colombia. Ni siguiera el Bogotazo del 9 de abril de 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, es comparable con un sacudimiento tan profundo de rebeldía social contra un régimen oprobioso, como el que se inició el 28 de abril.

El detonante de todo este estallido fueron las reformas de corte neoliberal que el gobierno de Duque quizo imponerle al pueblo colombiano, en medio de los estragos humanos y sociales causados por las malas políticas públicas agenciadas por su gobierno. Colombia es uno de los países con más muertos por COVID en el continente y, en medio del tercer pico de la pandemia, solo el 8,4% de la población total ha sido vacunada. Además, casi la mitad de la población se encuentra hoy en situación de pobreza y a más de 7,6 millones de colombianos se acuestan con hambre.

Esta explosión social ha tomado la forma de una insurrección popular que desbordó todos los causes institucionales de la democracia representativa. Según la última Encuesta Nacional sobre jóvenes[1], el 90% no confía en las instituciones y, dentro de ellas las peores calificadas son el Congreso , los partidos políticos, la Presidencia (9%) la Procuraduría, la Policía Nacional (13%), la Fiscalía y las FFMM (27%). Esta encuesta rebela que, a raíz de la actual coyuntura, el 95% de ellos se sienten amenazados y sus sentimientos son de tristeza, miedo, ira y frustración. Ante a estos resultados, el rector de la Universidad del Rosario declaró: “el mensaje que nos envían nuestros jóvenes es francamente desalentador”.

El 84% de los jóvenes respaldan el Paro Nacional, pero no se sienten plenamente representados por las organizaciones estudiantiles que participan en el Comité Nacional del Paro. Las razones que consideran validas para la protesta son de rechazo al Gobierno Nacional (91%), al abuso de la fuerza pública (87%), al aumento del desempleo (74%), a la pobreza (53%), a la corrupción (48%), a las desigualdades sociales (43%) y la desconfianza creciente con los gobiernos locales (70%).

Por estás razones, lo que hoy escuchamos en las calles son las voces de la “otra Colombia”. Esa Colombia que se tomó las calles y caminos para llenarlos con las barricadas de la resistencia popular. Desde estos puestos, los jóvenes defienden sus territorios de la brutalidad policial y de civiles armados que disparan desde lujosas camionetas contra los manifestantes. Los “puertos de resistencia” tienen vida propia. Allí la gente resiste en las ollas comunitarias, en improvisados hospitales donde se atienden a los heridos, en las aulas abiertas en las calles y en consultorios jurídicos ambulantes, a donde los jóvenes acuden para reportar las desapariciones que el Gobierno llama “traslados por protección”.

Pero también la resistencia se manifiesta en los cuerpos, en los grafitis y en las diversas expresiones artísticas e identitarias de afros, indígenas, campesinos, LGTBi, mestizos y mujeres, y en las voces que desembocan en asambleas populares donde se debate el futuro del país. Para muchos jóvenes, padres de familia, mujeres, estudiantes, habitantes de las comunas y trabajadores informales, la resistencia es la primera acción colectiva donde participan y descubren que es posible otra forma de expresar sus reclamos: la democracia directa y popular.

Esto ocurre, precisamente, cuando las élites en el poder desconocen las reglas democráticas para tramitar la protesta social. Se aferran a las tradicionales formas de barbarie y opresión para sofocar el clamor popular, haciendo trizas las bases éticas del pacto social. El uso de la represión desbordada del Estado, en opinión de la profesora Sandra Borda, es causa y consecuencia de la tremenda debilidad del régimen. Es causa porque la ceguera ideológica le impide al Gobierno entender lo que está pasando en las calles y lo lleva a abrazar las teorías conspirativas de la llamada, por el sub júdice expresidente Uribe, “revolución molecular disipada”, que le ordena darle un tratamiento de “enemigo interno”, militarizar la protesta popular y, sí es del caso, disparar y asesinar a los jóvenes a quienes llama “vándalos”.

Pero también, la brutal represión de la protesta es también una consecuencia de la debilidad de un Gobierno incapaz de negociar. La renuencia a negociar con el Comité Nacional del Paro y la desautorización de los acuerdos firmados por el nuevo Comisionado de Paz con el Comité del Paro de Buenaventura, así lo demuestran.

De tal manera que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. De un lado, su negativa a negociar con los voceros del paro, lo aísla aún más de la comunidad internacional y de sus aliados políticos internos que prefieren pasar de agache ante el desgaste que representa estar del lado de un gobierno tan desprestigiado. De otro lado, un proceso de negociación tan complejo, como el que se ha abierto en Colombia, lo va a debilitar aún más, ante la falta de autoridad moral para sentarse a negociar con las organizaciones sociales y líderes juveniles a los cuales ha perseguido y mandado a matar.

Adicionalmente, la dispersión y atomización del movimiento popular y la crisis de representación política que significa el desprestigio de las instituciones y la falta de liderazgo y legitimidad de los partidos políticos dificulta aún más encontrar un punto de convergencia para construir una salida negociada a la crisis.

En resumen, la encrucijada en que se encuentra el país va a hacer muy difícil y dolorosa la transición hacia una salida democrática. Solo la acción valerosa y directa de los movimientos populares puede empujar las reformas y los cambios que el país necesita en materia económica, social, política e institucional para hacer de Colombia un país verdaderamente democrático, más justo y prospero, donde todos los colombianos podamos vivir en paz.


[1] Tercera Medición de la Gran Encuesta Nacional sobre jóvenes de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos y El Tiempo del 21 de mayo de 2021.

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