Casa chica, infierno grande

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Foto | Hisrael Garzonroa-Archivo
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Con una demanda se buscará determinar la responsabilidad del Alcalde de Tunja y su Secretario de Gobierno por las presuntas irregularidades ocurridas en la adquisición del inmueble previsto para reubicar a los vendedores ambulantes.

En la capital boyacense hoy no hay ni empleo ni oportunidades para quienes acuden al rebusque. La persecución contra el comercio informal ha sido desmedida, y ni siquiera con fallos judiciales en mano se ha podido garantizar el derecho al trabajo que tanto reclaman los vendedores ambulantes de la ciudad y muchas otras personas alarmadas por los altos índices de desempleo en Tunja.

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Hace 15 años un fallo judicial ordenó a la Alcaldía de Tunja reubicar a 200 comerciantes informales. Las administraciones pasaron y la primera que pareció darle importancia a esta situación fue la Administración Cepeda, sin embargo, el manejo que le dio a esta situación terminó levantando más sospechas y no generando el reconocimiento de la ciudadanía por dar solución al problema del comercio informal.

Por medio de una demanda, un ciudadano identificado como David Cely, busca que se determine la responsabilidad de la Administración Cepeda en la adquisición de un inmueble con el fin de reubicar a los vendedores ambulantes, tal y como lo ordena el fallo emitido en el año 2004.

Lo que ha llevado a este ciudadano a instaurar dicho proceso legal es que al parecer el inmueble adquirido solo tiene capacidad para albergar a 40 personas y no a 2004 como lo establece el hasta ahora desatendido fallo judicial.

El denunciante señala además una presunta irregularidad en el costo del inmueble que se piensa destinar para este fin, pues dicha casa fue adquirida por su comprador inicial por un valor de 215 millones de pesos, pero la alcaldía de Tunja la habría pagado por un valor superior a los 1.992 millones.

La molestia de este ciudadano y de cientos de comerciantes informales de la ciudad es porque a pesar de que se está tratando de dar cumplimiento al antiguo fallo de 2004, dicha solución no soluciona nada, deja en el limbo por lo menos a 160 vendedores y a los que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 15 años, que a lo largo del último año han crecido exponencialmente por la crisis migratoria de Venezuela y por la falta de iniciativas para estimular la creación de puestos de trabajo en la capital del departamento.

De hallarse responsabilidad de parte del alcalde, Pablo Cepeda, y su equipo de Gobierno, se les podría juzgar por peculado por apropiación a favor de terceros, y detrimento patrimonial.

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