Por: Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial ESAP Boyacá Casanare
El Bicentenario es una oportunidad para repensarnos hacia el futuro; hemos construido un escenario público inmerso en la violencia donde la política se ha expresado a través de las armas, en un matrimonio perverso que ha marcado negativamente la historia de Colombia.
Presos en nuestro propio destino, nunca hemos logrado separar las armas de la política, en medio de un matrimonio perverso que ha marcado la construcción de las instituciones. Ahora que nos repensamos en el bicentenario de la batalla de Boyacá, no queda otra palabra que BASTA YA. Desde el primer día de la independencia el recurrir a las armar para resolver las disputas políticas fue configurando la historia del Estado-Nación y de las demás instituciones. Fieles a este principio los más diversos actores, con disímiles motivaciones, justificados y aplaudidos por discursos y teorías, fueron haciendo de esta patria un campo de batalla con miles de hogueras.
La historia de Colombia se caracteriza por una larga relación entre armas y política. Esta relación está anclada en la propia configuración del Estado, que hunde raíces en la independencia, pasa por las guerras civiles del siglo XIX, la violencia bipartidista —entre liberales y conservadores en el siglo XX, fundamentalmente en el periodo entre 1930 y 1953—; y, su continuidad sin tregua, en los años sesenta con las guerrillas revolucionarias, agudizándose con la posterior presencia de narcotraficantes y paramilitares. La tendencia a recurrir a las armas como protagonistas de la actividad política fue configurando un escenario donde la ausencia de relaciones ciudadanas de convivencia y de instituciones de carácter democrático impidieron la posibilidad de materializar la buena administración, entendida como aquella que promueve la participación ciudadana, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
Las interrelaciones entre armas, política y vínculos ciudadanos mediados por la violencia, están asociadas a la configuración de instituciones estatales ineficientes, o corruptas o inmersas en el clientelismo, propias de la vida política colombiana. La perversa relación entre armas y política ha configurado el Estado de Colombia a partir de la apropiación violenta de lo público por parte de los diversos actores armados en la historia de Colombia.
Sin lugar a dudas, el uso de la violencia en la política se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio de la participación ciudadana, lo que da al traste con una buena administración, entendida como aquella que promueva los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. A pesar de las particularidades propias de las circunstancias históricas, hay un hilo conductor en la prolongada guerra: la recurrencia a la opción armada como método para imponer los intereses de grupos, partidos o facciones.
“El sectarismo de la política se extiende a las armas y el sectarismo de las armas se proyecta en la política”, afirma el centro de memoria histórica. Hay una historia acumulada con actores y motivaciones cambiantes pero con consecuencias bien definidas: un país donde la violencia ha generado un déficit democrático, materializado en la ausencia de participación ciudadana, en estigmatización y muerte del opositor, y en la cooptación violenta del Estado.
A la hora de mirarnos hacia el futuro, a partir de lo que hemos sido en estos doscientos años, es claro que requerimos desterrar las armas como camino político y, en un discurso consecuente con la práctica, nunca más validar las armas como expresión política.
