Balance de un año de COVID-19

Foto | Hisrael Garzonroa
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Por | Jhonathan Leonel Sánchez Becerra /Historiador

Si bien actualmente debemos cumplir las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio por la Covid-19, también es cierto el compromiso de mantener a salvo nuestra salud mental. No solamente por nosotros mismos sino por los demás, y en esa medida, los medios de comunicación juegan un papel importante.

En concreto: la saturación de información, la inmediatez y las noticias falsas que se multiplican con el uso masivo de las redes sociales han contribuido a esparcir con una velocidad superior a la de cualquier virus; el miedo, el estrés y la depresión entre la población mundial.

Así, al tiempo que avanza el terrorismo informativo, los tentáculos de la corrupción política usan la declaratoria de emergencia sanitaria como pretexto para apoderarse de los recursos públicos y quebrar a la ciudadanía, especialmente a la clase media y trabajadora. Mientras en los hospitales continúa la escasez de camas, medicamentos, respiradores, etc., y el personal de la salud, no recibe el pago de sus salarios.

El gobierno colombiano ha decretado varios periodos de aislamiento social, toques de queda y ley seca, sin medir las consecuencias económicas sobre la población que obligada a cerrar sus empresas y establecimientos comerciales, han dejado sin empleo y sin posibilidades de obtener el sustento a millones de familias.

Respecto a la política migratoria, los puestos de control fronterizos del país se han mantenido sin mayor supervisión judicial ni sanitaria y en consecuencia, la ciudad de Cúcuta es hoy el mayor foco de contagios.

Sin mencionar las irregularidades en la entrega de subsidios: la negativa de ordenar la suspensión del cobro de servicios públicos, arriendos y compromisos financieros; al tiempo que se institucionalizaron los días sin IVA y se relajaron las medidas en almacenes de cadena y grandes comercios durante las festividades navideñas.

Por lo anterior, consideré necesario escribir esta columna de reflexión con la intensión de poner en conocimiento de mis lectores algunas de las estrategias de manipulación mediática más empleadas por el poder, aplicando los postulados del lingüista estadounidense Noam Chomsky a la realidad social de los colombianos.

1. La estrategia de la gradualidad: consiste en la aplicación gradual de una serie de medidas que afectan negativamente a la mayoría de la población, haciéndolas pasar como necesarias para el desarrollo.

Por ejemplo, la crisis agroindustrial del país, cuyas causas podemos encontrar en los intereses del gremio político-empresarial que en los años 90, presionaron la apertura económica y las posteriores firmas de los tratados de libre comercio, sin invertir en la tecnificación para la producción, no solamente de materias primas, sino de productos elaborados y alimentos procesados internamente que pudieran competir en el mercado internacional.

Lo que trajo como consecuencia, la inundación del comercio interno con productos extranjeros que mantienen un bajo costo mientras logran quebrar a las empresas y productores nacionales, al tiempo que el gobierno, lanza una campaña publicitaria a través de la que finge estar a favor del consumo de lo nacional, en lugar de renegociar dichos tratados para bajar la importación de productos que se producen en el país.

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones: trata de crear un problema, una atmósfera o situación prevista para causar cierta reacción en las personas, a fin de que sean ellas mismas quienes pidan las medidas que se desean implantar.

Por ejemplo, permitir premeditadamente el aumento de la violencia, la delincuencia o la agudización de la crisis económica en el territorio, con el objetivo de que la población solicite el aumento del pie de fuerza, la restricción de la movilidad, la privatización de servicios públicos o el establecimiento de otras medidas que afectan los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, en favor de intereses particulares.

Para el caso colombiano, es curioso que miles de hectáreas pertenecientes a centenares de campesinos desplazados por grupos armados en el Urabá antioqueño alrededor del año 2000, hoy estén en manos de empresarios productores de aceite de palma, o la privatización del río ranchería en la Guajira en el año 2006, que causó la muerte de más de 14 mil indígenas por favorecer a la empresa minera y a grandes propietarios agrícolas. En el marco de la denominada Seguridad Democrática y las políticas económicas adoptadas por el gobierno Uribe Vélez.

3. La estrategia de la distracción: que consiste en desviar la atención del público de los temas importantes o esenciales como las decisiones políticas que afectan la vida de millones de ciudadanos, sustituyéndolos por otros triviales como el entretenimiento.

En este punto abundan los ejemplos, pues cada vez que el gobierno necesita la aprobación de proyectos de Ley en el Senado, los medios de comunicación inundan su programación habitual con titulares absurdos o alarmantes sobre la vida íntima de actrices, cantantes, modelos o clásicos de fútbol.

4. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión: radica básicamente en causar un corto circuito en la capacidad de análisis crítico y racional de los individuos y en su lugar, estimular el inconsciente.

Por ejemplo, al esparcir rumores malintencionados como que de votar Sí en el plebiscito por la paz del año 2016, se le entregaría el país a las FARC o que al destinar recursos para la reinserción de excombatientes se le negaría el acceso a la educación a otros sectores de la sociedad que si los merecían, lo que indudablemente despertó el odio y el rencor en parte de la ciudadanía que terminó rechazando el proceso de paz.

5. Reforzar la autoculpabilidad: se refiere a hacer sentir al individuo que solamente él es responsable o culpable de su propia desgracia a causa de sus malas prácticas o toma de decisiones.

Por ejemplo, respecto a la expansión del virus por la Covid-19 durante el año 2020, el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales que vacilaron al momento de tomar determinaciones a tiempo y es más, discutieron entre ellos revocándose mutuamente los actos administrativos, al ver el fracaso de su gestión: resolvieron, apoyados en los medios de comunicación a su servicio, descargar su responsabilidad en los individuos, por ejemplo:

1. El gobierno nacional que tenía conocimiento del virus desde el mes de febrero, se demoró en decretar las medidas necesarias hasta mediados del mes de marzo.

2. La restricción de vuelos internacionales se decretó a partir del 30 de marzo y se extendió hasta el 21 de septiembre, cuando inició la reapertura gradual de los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, bajo la condición de aplicar estrictos protocolos de bioseguridad que incluían: la toma de temperatura, la solicitud de pruebas PCR negativas, el aislamiento obligatorio por 14 días al ingreso al país; y el uso de tapabocas y desinfectantes, que no acataron, durante varias semanas, los administradores del aeropuerto El Dorado.

3. El 4 de noviembre, el gobierno de Iván Duque a través del Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, emitió la resolución 1972 con la que suspendió formalmente la solicitud del resultado negativo de las pruebas PCR y el aislamiento obligatorio a los viajeros que ingresaran a Colombia.

4. El 3 de diciembre de 2020 en el programa de televisión Prevención y Acción, el gobierno ratificó su decisión argumentando: “son caras, difíciles de implementar y tienen un impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus”. Pese al fallo de tutela dado por el juez del juzgado 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá que ordenó su implementación.

5. El 4 de enero, el gobierno so pena de incurrir en desacato, acató a regañadientes, la orden impartida por la autoridad judicial, aunque decidió impugnar el fallo según lo señala la resolución 2532 y, la resolución 0002 de 2021 que otorga como plazo para la toma de las pruebas PCR en Colombia a partir del 12 de enero de 2021.

Finalmente, por una parte, frente al cinismo con que nuestros mandatarios sacan pecho cacareando un supuesto éxito de sus gestiones frente a la Covid-19, están las cifras, y por otra, es lamentable el silencio de los académicos e intelectuales colombianos frente a las circunstancias que atraviesa el país.  Insisto en que es necesario tomar las debidas precauciones para protegernos del virus con responsabilidad sin caer en el pánico colectivo que promueven los medios.

Aislamiento social sí pero con garantías, no es posible mantener a la gente encerrada sin alimentos, al tiempo que, se acumulan las facturas. ¡Por favor no se roben los recursos de los más necesitados!

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