El gobernador Carlos Amaya recalcó que, a pesar de no ser de su predilección, la opción de aceptar una nueva prórroga era la más conveniente para los intereses de los boyacenses, pues declarar la caducidad del contrato, como era su deseo, retrasaría todavía más la entrega de la nueva terminal de transporte terrestre de pasajeros.
Solo falta el 5% de ejecución de obra en la nueva terminal de transporte terrestre de pasajeros de Tunja. En este caso el estar tan cerca de la finalización puso entre la espada y la pared a la Administración Departamental, que un mes atrás había dado un ultimátum al contratista, advirtiendo que de no entregar la obra el 28 de febrero, declararía la caducidad del contrato.
Dicha acción no ocurrió, pero explicó el Gobernador que no se había actuado en ese sentido por agilizar la finalización de una obra que comenzó en 2015 y que todavía no ha sido terminada.
Tanto el gobernador Carlos Amaya como el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, consultaron con sus equipos jurídicos si se presentaba alguna inconsistencia o comportamiento contrario a la ley en caso de concesionar la operación de la terminal a un privado.
El Gobernador explicó que de adjudicar la operación del terminal a un privado, no solo se agilizarán temas de obras internas, que en manos del sector público podrían tardar hasta un año; también comentó que actualmente ni Alcaldía de Tunja ni Gobernación cuentan con los recursos para realizar los trabajos internos, externos y dotación de mobiliario que requiere la terminal.
Amaya explicó que entre obras internas y dotación de mobiliario se requieren cerca de ocho mil millones de pesos, y para obras externas se necesitarían alrededor de cinco mil millones, recursos que hoy no tiene el sector público.
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El contratista durante la última mesa técnica pidió una prórroga para el 30 de abril, aunque solo resta un 5% por ejecutar, que en su mayoría consiste en acabados. Por ello el Gobierno Departamental espera que la obra sea entregada en mayo.
El Gobernador tiene plena confianza de que la terminal estará funcionando en el primer semestre de este año, pero la ausencia de un plan de movilidad para el sector, y el proceso de concesión a un privado, con las discusiones que eso acarreará, incluyendo el tiempo de la concesión, hacen pensar que ese plazo será difícil de cumplir.
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