Algo huele muy mal en Tunja, ¿Se está cobrando de más por el servicio de reciclaje?

Evidencia de la constante acumulación de residuos sólidos en los alrededores de la Plaza del Norte de la Ciudad de Tunja. Foto | Archivo particular
Publicidad

La capital boyacense no es esquiva a un fenómeno que se viene dando en todo el país, consistente en la facilidad para la conformación de empresas dedicadas al reciclaje y el, igualmente fácil, cobro por dicho oficio, así no se preste el servicio. Esto tiene un impacto en la tarifa a la vez que perjudica a las asociaciones locales de reciclaje.

El boom de las empresas de reciclaje ha llegado a Tunja. Ese parece ser el negocio del siglo, por lo menos el de la década que recién empieza, pues en la capital boyacense se han venido multiplicando las asociaciones de reciclaje y hoy parece ser un tema que se está saliendo de las manos.

Es que Tunja pasó de contar con tres organizaciones de reciclaje a tener 11 asociaciones de este tipo, siendo ocho de estas organizaciones constituidas como sociedades por acciones simplificadas, y las restantes organizaciones de recicladores.

Ese auge de empresas recicladoras no garantiza una ciudad más limpia o mejor aprovechamiento de los residuos, al contrario, consigo solo trae problemáticas, pues al haber una mayor cantidad de empresas con dicho fin, avaladas por el Estado, hay vía libre para que se dispare el valor de la tarifa por el servicio de aprovechamiento. Igualmente, esta situación se presta para que se ponga en riesgo el mínimo vital de los recicladores oriundos del municipio.

Este es un fenómeno que, para el caso de Tunja, se viene presentando desde 2019. Y como si no fuera suficientemente con la proliferación de asociaciones de recicladores, resulta que algunas de estas no cuentan siquiera con recicladores entre su personal.

Hace unos días en el Concejo de Tunja se debatió esta situación, sin encontrar gran acogida entre los cabildantes, que no hicieron reparos ni a la Administración Municipal ni a Urbaser por este panorama que parece estar fuera de control

La que si aprovechó el espacio para participar y dar a conocer detalladamente la problemática fue Adriana Bustos, líder de la Asociación de Recicladores de Tunja (ReciTunja), quien relató las consecuencias que está teniendo esta situación para las asociaciones de reciclaje locales, así como para los usuarios.

Bustos dio a conocer, como ejemplo, la situación de Agreunidos, proveniente del municipio de Sogamoso, que presenta grandes toneladas de residuos aprovechados, y que por ende tiene como retribución una cuantiosa suma, más allá de que no se tenga información detallada sobre las rutas de recolección o la procedencia de los residuos. “Ingresaron como prestadores del servicio gracias a los vacíos jurídicos que ellos mismos identificaron en la norma”, dijo la líder de ReciTunja.

Es que el impacto tarifario no es un asunto menor. Usando el estrato 4 como referencia, que es el que no es subsidiado ni aporta a subsidios, se puede observar que para noviembre de 2020 la tarifa se encontraba en $1.042, para diciembre de ese mismo año estaba en $1.282 a partir de enero de este año la tarifa alcanzó un valor de $1.807.

Bustos afirma que es una situación fuera de control, llena de vacíos jurídicos, que permiten a los nuevos operadores actuar del modo que lo requieran. Sobre el caso de Agreunidos señaló Bustos que esa organización no prestaba los servicios de manera integral, que no tenía recicladores, que estaba accediendo a una remuneración con ciertas irregularidades. La Superintendencia de Servicios reversó los cargues, pero el proceso parece haber quedado ahí. “No sabemos qué pasó con los recursos, no sabemos si realmente hay una investigación de carácter fiscal, no sabemos si se les hizo un requerimiento. Lo que sí sabemos es que ellos se llevaron el trabajo de los recicladores tunjanos sin inconveniente alguno”, comentó Bustos en medio del debate en el Cabildo.

La líder de ReciTunja señaló que hace falta control y seguimiento por parte de los entes territoriales, pero dado que cada vez hay más empresas recicladoras, esto se convierte en una labor titánica.

Por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo de Tunja, contestaron en medio del debate que acciones si se han tomado, que se ha hecho un seguimiento y registro a las cantidades de residuo de rechazo que se generan en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), que se ha hecho un control exhaustivo para que no se presenten quemas de residuos en jurisdicción de la ciudad, una vigilancia sobre el manejo de residuos electrónicos, que no haya olores molestos, se han dado capacitaciones a los usuarios para consolidar el saber en el tema de separación en la fuente, se ha hecho entrega de carné y dotaciones a recicladores locales de acuerdo a un censo que se tiene sobre esta materia, y se ha venido haciendo una labor de exaltación para que la comunidad reconozca a las asociaciones que siempre han existido en Tunja (ReciTunja y ReciBoy).

Pero en algo coinciden tanto Administración Municipal como organizaciones de recicladores afectadas y es en la decidida por parte de la Superintendencia de Servicios. “Es una problemática que no solo se da en Tunja, también se viene presentando en Duitama y Sogamoso, de acuerdo a mesas de trabajo que venimos haciendo con varias entidades (…) No hemos tenido eco por parte de la superintendencia para realizar un control exhaustivo y riguroso sobre estas organizaciones que han llegado a la ciudad, que aparentemente no prestan el servicio”, comentó el secretario de Desarrollo de Tunja, Wilson Velásquez.

Desde la Secretaría de Desarrollo agregaron que esas nuevas asociaciones de recicladores ni siquiera han tenido la molestia de presentarse ante la Administración Municipal. “Se les ha requerido sus rutas de servicio, pero de momento no ha sido posible”, agregó Velásquez, que de paso aclaró que ya se expidió un decreto para regular esa situación en específico.

Y a eso de que no hayan presentado rutas de servicio, se suman otro tipo de irregularidades como el establecimiento de las ECA fuera de la jurisdicción municipal, encontrando además en estas inconsistencias como la tenencia de residuos peligrosos. “Desde el municipio no tenemos la potestad ni la competencia para frenar a estas empresas que han venido apareciendo de manera arbitraria”, explicó Velásquez.

Por su parte, desde Urbaser afirman que la responsabilidad no es de ellos tampoco, pues quien regula toda esta materia es la Superintendencia de Servicios, que mediante la resolución 720 de 2015 de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable Saneamiento Básico) ha establecido estas reglas de juego que permite este modelo a predestinado a inflar la tarifa por aprovechamiento.

Publicidad

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.