La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.
En visita al Instituto Nacional de Salud el domingo 22 de marzo, se evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS.
Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso:
>Presentan embalajes inadecuados
>Muestras no aptas para el proceso de análisis
>Mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.
Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil pesos aproximadamente
Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil pesos aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.
La Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.
Se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS – y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.
Rutas personal médico
El Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y confinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.
“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”.
*Con información Procuraduría
