Para la Fiscalía, la sucripción de un contrato para mercados en época de Covid-19 tendría un sobrecosto cercano a los $10 millones.
Como posibles responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública imputó al actual alcalde del municipio de Boyacá (Boyacá), Rafael Antonio Rativa Díaz; y a su secretario de Planeación, Miguel Ángel Huertas Pineda.
«Según la investigación, el 27 de marzo de 2020 los dos funcionarios suscribieron un contrato por $49’993.600. El objeto era adquirir mercados y distribuirlos entre la población que se encontraba en estado de vulnerabilidad por cuenta de la urgencia decretada por el Covid 19», indicó la directora de la Fiscalía seccional Boyacá, Lizeth Natalia Franco.
Labores de policía judicial evidenciaron que la beneficiaria de este contrato fue una fundación que al parecer no contaba con experiencia en la producción y comercialización de alimentos o productos de aseo.
«Además, se constató que el contrato se adjudicó de manera directa, obviando
lo dispuesto en las leyes que rigen ese tipo de procesos. Para la Fiscalía, la suscripción de este contrato habría generado un sobrecosto cercano a los $9’800.000″, agregó Franco.
Ninguno de los imputados aceptó el cargo endilgado. Rativa Díaz y Huertas Pineda permanecen en libertad, pero continúan vinculados al proceso penal.
Con información Dirección de Comunicaciones Fiscalía General de la Nación.
