Una vez se dio a conocer el acuerdo logrado entre el Gobierno Duque y los rectores de las universidades públicas del país, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios sentó su voz de protesta ya que dicho acuerdo no soluciona ni una décima parte de la crisis presupuestal que viven las instituciones de educación superior.
Como pañitos de agua tibia ha sido interpretado el acuerdo que firmaron Gobierno Duque y rectores de instituciones de educación superior (IES) para poner fin a la crisis de financiamiento que ha generado diversas protestas en el último mes.
“ASPU considera que el Acuerdo firmado el día de ayer entre el Gobierno y los Rectores es un muy mal Acuerdo, porque no permite superar los principales factores de crisis en orden a garantizar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social asignadas misionalmente a las universidades, ni garantiza el cumplimiento del Decreto 1279, régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios, que se viene desconociendo a cerca del 80% estos”, señala la Asociación Sindical de Profesores Universitarios por medio de un comunicado.
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De acuerdo a ASPU, el acuerdo conseguido es prácticamente inútil ya que descuida la calidad de la educación impartida, dada la falta de recursos asignados. “Consideramos muy malo un acuerdo que no modifica en nada, ni critica, la actual política de Gobierno de financiación a la demanda, que es el camino que asegura el marchitamiento de la universidad pública y demás IES del sector. El Gobierno niega recursos para el funcionamiento con calidad a las IES públicas que a pesar de ser menos instituciones acogen la mayoría de la matrícula estudiantil, pero, en medio del movimiento nacional universitario, no tiene problema en anunciar que destinará más de $ 3 billones de pesos para financiar un nuevo programa de financiación a la demanda, Generación E”.
Rechaza ASPU el montó que recibirán las IES durante los próximos cuatro años, ya que está por lo menos cinco veces por debajo de lo que se requiere. Lo acordado, los 3 y 4 puntos adicionales al IPC durante los próximos cuatro años, solo significa un ingreso adicional para funcionamiento de menos de $550 mil millones de pesos, en cuatro años. La Ley 1819 de 2016, última reforma tributaria, asegura recursos nuevos a las Instituciones de Educación Superior Pública; el recaudo de los mismos en el año 2017 ascendió a $1,5 billones. Cifra similar se recaudará cada año mientras está vigente la ley. Al cabo de los cuatro años deberían ingresar a las IES públicas, por este concepto, mínimo $6 billones de pesos y no $0,55 billones aceptados por los rectores en el citado acuerdo”.
Y agrega la Asociación Sindical que en el transcurso de los últimos dos años solo han ingresado 270 mil millones a las arcas de las IES, destinados principalmente a la formalización de algunos docentes, lo que implica un descuido a otras necesidades de la educación superior del país. “Dichos recursos no han llegado a las universidades públicas. Durante la negociación colectiva con ASPU en el año 2017 apenas se avanzaba en el recaudo de los impuestos y solo se aseguraron $170 mil millones para el año 2017 y $100 mil millones para el 2018, que debían ir a funcionamiento, preferiblemente para la formalización laboral de los profesores. También es cuestionable que en el Acuerdo Gobierno-Rectores, se privilegien los recursos para Inversión ($1,2 billones) sobre los recursos para funcionamiento ($0,55 billones). Los recursos de funcionamiento deben garantizar a las universidades el cumplimiento de sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección social y los rectores deben velar en primer lugar por garantizar estos recursos”.
De modo que para ASPU resulta inconcebible que los rectores se hayan prestado a firmar dicho acuerdo, que va en detrimento de los intereses de las IES. Si los rectores fueran consecuentes con lo que han venido presentando al Gobierno Nacional sobre la gravedad de la crisis de las IES Públicas, cuyo monto han calculado en $18 billones de pesos, no se entiende razonablemente cómo firman un Acuerdo por menos de dos billones de pesos en cuatro años, casi el 10% de lo exigido”.
