Accidentes mineros en Boyacá, tragedias convertidas en espectáculo pero sin soluciones de fondo

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Más de treinta accidentes en la minería de socavón en el departamento de Boyacá en lo que va del año, suman una tragedia mayúscula que debiera prender todas las alarmas, pero sobre todo suscitar el mayor esfuerzo para dar una solución de fondo al problema, cuyo costo en términos de vidas no se puede aumentar bajo ninguna circunstancia.

La última emergencia presentada esta semana con el derrumbamiento de un socavón que dejó atrapados a tres mineros, a más de 40 metros de profundidad que, afortunadamente fueron rescatados sanos y salvos después de 72 horas de angustia,  vuelve a ser una señal inocultable de la crisis de seguridad laboral en el sector.

Con la fortuna del “final feliz del rescate” de los tres mineros atrapados, sin embargo, es comprobación inequívoca de la tragedia. Pero, otra vez, se vuelve a convertir el problema en espectáculo donde los funcionarios de todos los niveles hacen alarde de frases rimbombantes como “puesto de mando unificado”, “hospital de campaña para atender la emergencia”, coordinación interinstitucional e interdisciplinaria y sofismas lingüísticos por el estilo, que lo único que hacen es confundir y desviar la atención para evitar asumir responsabilidades que lleven a procurar soluciones objetivas.

Que el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se haga presente en el lugar, como sucedió este jueves en las horas de la mañana, no pasa de ser un acto de farándula, para lograr que los medios de comunicación y las redes sociales registren y pongan como tendencia el acontecimiento con el protagonismo del funcionario, pero que al final se esquiva otra vez la adopción de las medidas necesarias para evitar nuevos desastres; no hay ningún pronunciamiento del funcionario sobre el fondo de lo que suscita las recurrentes tragedias.

Lo que sucedió en la mina vuelve a repetir un libreto que todos conocen, que se repite año tras año, y que lo único que hace es agregar más víctimas. La mina de carbón subterráneo “El Porvenir”, ubicada en la vereda San Nicolás del municipio de Tuta, departamento de Boyacá, venía con problemas se seguridad operativa desde hacía un buen tiempo, al punto que en julio pasado, la ANM había ordenado la suspensión de las actividades de extracción ya que se advertían riesgos inminentes. Como quedó evidenciado, los trabajos no se suspendieron y la peor tragedia estuvo a punto de ocurrir.

Ante este hecho, visto a primera vista, igual que muchos de los accidentes registrados antes, parecería que este también obedece a la irresponsabilidad de los dueños de la mina, lo que ocasionó la emergencia y que, por lo tanto, deberían ser sancionados “con todo el peso de la ley”. Sin embargo, como se ha venido diciendo desde varios escenarios, el asunto no es tan simple. Si bien es cierto que el derrumbe del túnel se produjo por fallas en la estructura de aseguramiento del socavón, que seguramente se debe a la falta de previsión de los operadores de la mina, lo que hay que saber es cuál es la raíz de la imprevisión.

Pero no es por la irresponsabilidad simple de los dueños de la mina, es que sigue sin solucionarse el tema de fondo que es la remuneración equitativa del mineral y la falta de una política sostenida, de largo plazo, para la explotación de las minas, donde el gobierno, las organizaciones de productores, la academia y en particular cada titular y operador minero, tengan todas las condiciones para asegurar la producción sin riesgo de las vidas de los operarios.

Sobre estos temas todos guardan mutismo absoluto; hasta donde más llega la Agencia Nacional Minera es a decir que va a estrechar la vigilancia y a cerrar las minas; es decir, sigue insistiendo en el camino sancionatorio; y, por el otro lado anuncia que dará los cursos urgentes para salvamento minero, que reforzará los cuerpos de socorro y medidas pro el estilo, como anunciar que habrá una ciclo de estudios para capacitar rescatistas.

Pero en cambio nada dicen del precio del mineral que hoy presenta sus más injustos niveles con relación al resultado final de la cadena de generación.

La mina donde se presentó el problema corresponde a un sector en el cual existe un importante número de socavones que son explotados de manera rudimentaria por sus dueños, quienes hacen milagros para montar el equipamiento de sus minas con motores adatados de tractores o camiones, con sistemas de poleas colgados a las ramas de los árboles, con el máximo ahorro de materiales para asegurar los túneles, con mangueras añadidas o amarradas con cabuyas para conducir el aire. En fin, aprovechando todo lo que se pueda y ahorrando al máximo para sacar las diez toneladas diarias que, como es este caso, se extraen de la mina, lo que apenas cubre los gastos básicos y la mínima rentabilidad de la operación, a costa de exponer la vida de quienes se meten al socavón, lo cual no puede ser señalado como acto doloso por parte del dueño de la mina ya que como sucedió en este caso, uno de los trabajadores que estaba en el corte trabajando, era nadie menos que su propio hijo.

Mientras tanto, al otro lado de la cadena, los generadores, -Gensa y la Compañía Eléctrica Sochagota-, registrarán al cabo del presente año los mejores resultados de utilidades de su historia, dado que los precios de la energía generada se han disparado a niveles insospechados, constituyendo la peor inequidad: la materia prima, el carbón térmico, no se paga para que la minería se haga de manera segura, pero el producto final que es el kilovatio al usuario, se cobra a precios jamás registrados.

Ante esta situación el gobierno guarda discreto silencio; ninguna de sus agencias ha querido intervenir, pero tampoco las organizaciones de productores, que como sucede con Fealcarbón, que parece mirar para otro lado, tal como sucedió esta semana durante las 72 horas de la emergencia, sobre lo cual no se sabe que haya hecho pronunciamiento alguno.

Igual sucede con la cooperativa, Agrominera de Paipa, a la cual está asociado el dueño de esta mina. Otro tanto pasa con los gobiernos, regional y locales. Es decir ni el gobierno departamental ni los alcaldes, han querido o podido sentar una posición frente al problema para exigir soluciones reales.

Entonces, el debate debe darse más temprano que tarde, siendo ahora el mejor momento dado que el país atraviesa por las dificultades ocasionadas por el clima que está haciendo cada vez más estrecho el margen de seguridad del sistema de generación hídrica, a lo cual se suma la crisis de Hidrohituango, cuyo panorama no está aún definido, mientras la disponibilidad de gas natural para generación se hace más escaza y costosa, así como tampoco está claro que la generación de energías alternativas vaya a suplir lo que se deje de generar en los otros sistemas, asegurando el suministro firme de la energía.

Entonces, la alternativa más viable sigue siendo la generación térmica de carbón, por lo tanto habrá que negociar condiciones inmediatas para poder seguir produciendo la materia prima, pagando los precios reales que cuesta extraer el mineral de manera segura para la vida de los trabajadores, quienes, además, tienen que ser remunerados de forma especial; que a los empresarios mineros les permita la obtención de excedentes razonables, superando de una vez las condiciones precarias y, a veces miserables, como se observa en las imágenes de las instalaciones de la zona donde está la mina accidentada. Gensa y la Compañía Electrica Sochagota tienen la obligación de pagar los precios que permitan la operación de una minería sostenible y sustentable.

O como lo dice el veterano dirigente Gabriel Chiquillo: Debemos continuar con el balance apropiado y cambiar estructuralmente nuestra forma de desarrollar el negocio minero”.

Según Chiquillo, “la seguridad minera no es ni un libro,  ni un compendio, ni un código; es una cultura y una forma de actuar, que nos exige convicción, conocimiento, inversión y, ante todo, ¡adecuada previsión! Otra vez: la previsión se hace con inversiones en lo que sea necesario para la operación segura.

La adecuada previsión debe corresponder a un plan preciso e ineludible de manejo de los socavones, donde se hagan las inversiones necesarias y suficientes para su aseguramiento y dotación de todos los elementos y herramientas. Y eso se logra con recursos, los cuales tienen que salir de los precios que pagan los generadores y grandes consumidores, los cuales sistemáticamente se han negado a aceptar e insisten en mantener precios ruinosos para los productores del mineral.

Así que no sirven las promesas, tal como sucedió con las palabras de la viceministra de minas, Carolina Rojas, quien en reunión del pasado 19 de agosto en el Salón de Los Presidentes de la gobernación de Boyacá aseguró ese día que “estamos ratificando la campaña ‘En la Mina Primero La Vida’, porque “la seguridad minera es responsabilidad de todos: mineros, compradores e institucionalidad”. La funcionaria apenas mencionó a los compradores, pero como siempre, jamás los han llamado a discutir los precios y las reglas equitativas del mercado, volviendo a cargar toda la responsabilidad sobre los mineros a quienes les volvió a exigir que “sin importar el tamaño, todos nuestros mineros sean ‘Minero 5’ y esto significa que sean legales, responsables, emprendedores, confiables e influyentes”, sin insistir en la responsabilidad de los compradores.

En lo corrido del año, en el país se han reportado 119 accidentes mineros que han involucrado a 218 personas, 48 heridos y una cifra lamentable de 137 fallecidos. La mayor accidentalidad se ha registrado en minas de carbón. En Boyacá puntualmente representa el 38% de los accidentes a nivel Nacional, donde las fatalidades se han dado en 32 emergencias con  – 25 víctimas mortales.

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