A la arremetida contra los líderes sociales, la movilización

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Foto | Alexandra Arias Zea
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“Invito al senador Ciro Alejandro Ramírez y al representante Héctor Ángel Ortiz, para que entre todos coloquemos las denuncias sobre las amenazas que hay de varios dirigentes sociales en Boyacá, muchos de estos relacionados con temas de resistencia a proyectos mineros”.

Entre otras ciudades de Boyacá, como siempre, Tunja se manifestó masivamente demostrando esa condición de ciudad con un alto aprecio por las libertades y el rechazo profundo a cualquier forma de violencia política.

  • Foto | Alexandra Arias Zea

En el imaginario nacional se le conoce por ser una ciudad con un profundo respeto por la vida, por eso no0 fue sorpresa que cerca de mil personas se congregaran en la plazoleta San Francisco, un espacio público que se ha vuelto emblemático ya que allí se ha convertido en una especie de ágora para los debates públicos por eso este acto de velatón, llevado a cabo el viernes seis de julio, fue un mensaje contundente hacia el gobierno nacional para que le ponga fin a la masacre de dirigentes sociales a lo largo y ancho del país, do0nde si bien es cierto Boyacá no tiene registros a la fecha de asesinatos o atentados contra algún dirigente en particular, no es menos inquietante la cifra que acaba de reportar el defensor del pueblo de Boyacá, Mauricio Reyes, donde aparecen 41 denuncias de amenazas a dirigentes sociales en el departamento.

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Para uno de los coordinadores del Velatón, Pedro Pablo Salas esto que está pasando es muy grave porque se estaría reeditando un hecho lamentable y siniestro de la historia del país, como fue el casi exterminio total de la Unión Patriótica, durante el oscuro periodo de 1985 a 1990, del siglo pasado, y en su momento un saboteo al proceso de paz que adelantaban las FARC con Belisario Betancur que finalmente terminó  con el recrudecimiento y la expansión de la guerra , con más frentes guerrilleros, más batallones y registro de muertes, que luego empeoraría con la incursión abierta del paramilitarismo, durante la década del 90.

A esto que se le ha querido poner fin con los diálogos de Santos y las Farc, todo pareciera indicar que estamos repitiendo al pie de la letra un episodio semejante, porque  a un sector del establecimiento lo peor que le puede pasar es que haya paz en Colombia, y con tristeza tenemos que decirlo que ese sector del establecimiento triunfó el 17 de junio. Y es que el conflicto a la vez se convierte en el más gigantesco negocio del establecimiento, tal como quedó demostrado con las cifras del periodo de la Seguridad Democrática, donde la guerra produjo costos (negocios) por cerca de 100 mil millones de dólares.

Para salas esto es un hecho doloroso y lamentable. Hay una correlación entre las dinámicas de la economía criminal y el control territorial por parte der grupos paraestatales y el asesinato de cualquier resistencia que exista en los territorios. Los pronósticos de Salas son muy preocupantes. Para el caso de Boyacá, en el periodo de Uribe 2002-2010, la Seguridad Democrática entregó 800 títulos mineros que no han podido ser puestos en marcha; algunos de estos, incluso, no tienen licencias ambientales. Con el triunfo de Iván Duque se estaría retomando  la posibilidad de su explotación.

En este periodo de la paz y una relativa tranquilidad para departamentos como Boyacá, creció una movilización social y unos tejidos y liderazgos ambientales que están oponiéndose  al extractivismo y al arrasamiento de ecosistemas y cambios de vocaciones de los territorios. Lo que se ha visto hasta la fecha es que se combinan todas las formas de lucha y cuando el establecimiento “legal” no opera, actúan las bandas ilegales.

 En este momento, como señala Salas, varias de las amenazas son contra estos dirigentes ambientales. Por eso hace una invitación, a todos los sectores de las fuerzas vivas del departamento, pero en particular a aquellos que pertenecen a la bancada de gobierno del Centro Democrático como Ciro Alejandro Ramírez y Héctor Ángel Ortiz, para que acompañen las denuncias que deban colocarse ante los organismos de control y de proyección de los derechos humanos para que se garantice la vida de los dirigentes que están siendo amenazados.

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