5 razones para marchar el 21

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Por: Carlos Castillo Quintero

Estar de acuerdo o no con el paro y con la protesta social es una cosa, descalificar a quienes participan en estas actividades es algo muy diferente, ya que este es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Política de Colombia, Art. 37, que dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. De eso trata la democracia, de vivir en una sociedad diversa integrada por personas con diferentes formas de ver el mundo, sin canallizar a quienes piensan diferente.

Las principales centrales obreras y sindicales de Colombia (CUT, CTC y FECODE, entre otras) han convocado a una marcha nacional el próximo jueves 21 de noviembre en contra del gobierno de Iván Duque. A esta convocatoria se han unido organizaciones estudiantiles, campesinos, indígenas, artistas, personajes de la farándula, y una masa creciente de ciudadanos del común. Así mismo, la mayoría de universidades públicas y privadas han decretado cese de actividades para ese día.

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El gobierno le ha salido al paso a esta convocatoria, señalando que en Colombia no hay razones para marchar, y que se trata de una campaña de desinformación que busca la desestabilización del país. El presidente, en una intervención pública manifestó, a manera de advertencia: “Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley”[i].

Así las cosas, resulta pertinente revisar cuáles serían algunas de las razones para salir a marchar este 21 de noviembre.

1.Respeto a la vida

El Art. 11 de la Constitución establece que en Colombia “El derecho a la vida es inviolable” y que “ No habrá pena de muerte”. Sin embargo, en la práctica, el Estado está lejos de hacer cumplir este precepto. El asesinato de líderes cívicos, maestros, líderes sindicales, desmovilizados, ambientalistas e indígenas ha ido en aumento. Según la Defensoría del Pueblo entre el 1° de enero de 2016 y el 17 de mayo de 2019, se ha registrado la muerte de 486 de estos líderes y lideresas, número al que hay que adicionar 170 excombatientes de las FARC, partido político surgido de los acuerdos de paz. Estas cifras, por desgracia, van en aumento.

Hace unas semanas el país se estremeció al conocer que en un bombardeo llevado a cabo por el ejército en el Caquetá, el pasado 29 de agosto, habían muerto 8 menores de edad. Según la comunidad de la zona en donde sucedió esta masacre, ese número bien podría elevarse a 18 menores. Quien hizo claridad sobre estos hechos fue Roy Barreras, senador por el partido de la U, que en un debate de control político contra el entonces ministro de defensa Guillermo Botero, expuso pruebas contundentes sobre la muerte de los niños y dejó en evidencia que dicho funcionario le había mentido al país. El ministro, antes de que se le aplicara una moción de censura en el senado, renunció. Duque lo despidió exaltando los buenos resultados que, según el gobierno, había tenido frente a ese ministerio.

Como corolario de este desastre, días atrás el senador Roy Barreras denunció graves amenazas contra su vida y contra la de su familia, quienes irán al exilio. Con esto queda claro que en Colombia no solamente se viola el derecho a la vida, sino también el derecho a denunciar dichas violaciones.

Capítulo aparte exige todo lo que tiene que ver con la desaparición forzada y los mal llamados falsos positivos que, según denuncias publicadas por The New York Times, se han reanudado en el país[ii].

2.Corrupción

La primera acepción en el diccionario de la Real Academia para corrupción es “acción y efecto de corromper o corromperse” y la última, ya en desuso, “diarrea”. A mi manera de ver las dos sirven para calificar lo que ha venido sucediendo en el país desde hace décadas. Gracias al acuerdo bipartidista que se conoce como Frente Nacional, que estuvo vigente en Colombia entre 1958 a 1974, los liberales y los conservadores de manera arbitraria se repartieron los cargos burocráticos del país. Ya en las décadas de los años 80 y 90, en plena bonanza de los carteles y sus capos, el narcotráfico irradió con su dinero sucio a prácticamente todas las instancias de la sociedad y del gobierno. Y, más recientemente, escándalos como el de Odebrecht, pusieron en relieve que funcionarios del gobierno y candidatos a cargos de elección popular habían recibido coimas de esa constructora, gracias a las cuales posteriormente le otorgaron contratos (Ruta del Sol II, por ejemplo). De los vinculados al caso Odebrecht algunos han sido condenados, otros están investigados, pero la mayoría gozan de absoluta impunidad.

Transparencia por Colombia (TpC), en un informe de 2018, establece que la mayoría de los casos de corrupción en el país (73%,) se presentan en el sector público y son reportados como corrupción administrativa, siendo las iregularidades en los procesos de contratación la principal forma de corrupción, así: a) Adjudicación o celebración irregular de contratos (29 por ciento), b) Violación de los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal (17 por ciento), c) Abuso de la figura de contratación directa (8 por ciento), d) Detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado (8 por ciento), e) Apropiación ilegal de recursos en los contratos (6 por ciento) y f) Sobrecostos por irregularidades en celebración de contratos (6 por ciento)[iii].

Los tentáculos de la corrupción van del sector público al sector privado, pasan por la justicia (Cartel de la toga), la educación (Universidad Distrital) e invaden prácticamente todas las instancias de la sociedad.

Como se señaló, este no es un problema exclusivo del gobierno de Iván Duque, ni mucho menos, sino que se ha presentado en Colombia prácticamente desde su constitución como Nación. El asunto está en que no se toman medidas efectivas para frenarla, y esta responsabilidad no solamente atañe al gobierno sino también a la sociedad en general.

Cabe recordar que uno de los puntos de la Consulta anticorrupción, impulsada en 2018 por la exsenadora Claudia López, del partido Alianza Verde, era quitarle la casa por cárcel a los corruptos para que cumplieran la totalidad de sus penas en una celda, sin posibilidades de reclusión especial, como los delincuentes que realmente son, prohibiéndoles volver a contratar con el Estado. Como se sabe, la consulta se hundió. Posteriormente se han presentado al Congreso 7 proyectos anticorrupción con los mismos puntos de la consulta y ninguno ha sido aprobado. Así, la corrupción y los corruptos siguen campantes.

3. Trabajo digno (Reforma laboral y pensional)

Mientras que Iván Duque y algunos funcionarios de su gobierno dicen en los medios de comunicación que no es cierto que se esté adelantando una reforma laboral y que este es uno de los puntos de desinformación de quienes impulsan el paro, el senador Álvaro Uribe Vélez, del partido Centro Democrático, ha radicado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 212 de 2019 “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal, se establece el trabajo a tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores y se dictan otras disposiciones”.

Esta iniciativa pretende, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral semanal de manera gradual, la posibilidad de contratación laboral a tiempo parcial para jóvenes de 18 a 28 años, mujeres mayores de 57 y hombres mayores de 62. Así mismo se busca que los aportes a la seguridad social y el pago de prestaciones sociales se hagan en proporción al tiempo laborado.

A esta flexibilización laboral con salario diferencial, se une la Reforma pensional planteada para el próximo año y que es una recomendación, por no decir que una exigencia, del BID y de otros organismos multilaterales de crédito. El Proyecto de Ley No. 212 de 2019, no es una invención y puede consultarse en la web del Congreso.

4. Pobreza y Equidad social

La enorme desigualdad social, el deterioro de los indicadores económicos con una tasa de desempleo por encima del 10%, una de las más altas en los últimos años, y sobre todo la percepción de que el Estado está al servicio de los intereses de los dueños de grandes empresas nacionales y/o multinacionales, a quienes se les dan concesiones para explotar los recursos del país, con beneficios fiscales y exenciones tributarias, mientras que los pequeños productores, microempresarios y campesinos son asfixiados por los impuestos y por los bancos que, dicho sea de paso, son propiedad de los más ricos.

Mientras crece el desempleo y la pobreza, los 268 congresistas con los que cuenta el país (uno de los congresos más numerosos del mundo) se benefician de un reajuste de sueldo y de una prima especial de servicios de 12 millones de pesos en julio, con lo que ajustan un salario de 42 millones mensuales, más otra prima especial en diciembre de 24 millones, más otras prebendas como los 37 millones para contratar asesores, el celular, las camionetas blindadas, los tiquetes aéreos, la prima de localización para los que no residen en Bogotá, y los esquemas de seguridad que, en algunos casos, resultan costosos y absurdos. “El diario La República publicó el costo que tiene que asumir el Estado por los 6.500 esquemas de seguridad que operan hoy en día. Con carro blindado, armamento y escoltas cuestan en promedio 20 millones de pesos al mes para un esquema básico. Los más complejos, como el de Uribe, pueden llegar a 200 personas. El valor total de estos servicios para la Unidad de Protección llega a cerca de 500.000 millones de pesos al año. Todos los exdirectores de esa entidad coinciden en que al menos 20 por ciento de los protegidos no tienen riesgo personal alguno, pero son inamovibles por razones políticas”[iv].

Valga recordar que la reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 como máxima remuneración mensual, era otro de los puntos de la Consulta anticorrupción, al que algunos colombianos hundieron con su NO.

5. Derecho a vivir en paz

Con el Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, el 2 de octubre de 2016, se dio término a más de medio siglo de confrontación en donde se vivieron periodos complejos en los que los atentados, las muertes violentas, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de población, el secuestro y la extorsión alcanzaron niveles de terror.

Después de cerca de cuatro años de conversaciones en La Habana, culminó una guerra que dejó más de ocho millones de víctimas, 220.000 muertos y 45.000 desaparecidos, además de innumerables familias destrozadas y/o desplazadas por la violencia.

“El primer punto de la agenda de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC se centró en la necesaria trasformación de la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia. Esta circunstancia reposa en el hecho de que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), el 1.1% de la población total del país resulta propietaria de más del 50% de la superficie de la tierra. De este modo, Colombia se consolida como uno de los países más desiguales del mundo)”[v].

El Acuerdo de paz, calificado en instancias internacionales como uno de los logros de mayor trascendencia en este tema, fue considerado por algunos sectores de la sociedad colombiana —y por el partido al que pertenece el presidente Iván Duque— como un fracaso, enfilando todos sus esfuerzos a “hacer trizas el acuerdo”. Así las cosas, se han incumplido los compromisos, o se han cumplido de manera parcial y con lentitud, ocasionando que algunos excombatientes retomen las armas dando origen a lo que se ha dado por llamar las disidencias de las FARC, grupos sin una ideología política clara, ubicados al margen de la ley, que han puesto en vigencia prácticas aberrantes como el reclutamiento forzado. Es precisamente el accionar de uno de estos grupos, el que crea el escenario para la ya referida catástrofe del Caquetá en donde en un bombardeo muere un número aún indefinido de menores de edad.

  • A manera de conclusión

La coyuntura que se presenta en el país y que tomará cuerpo con las marchas del próximo jueves 21 de noviembre, no es una crisis de la izquierda ni de la derecha. No es una estrategia urdida por el Foro de Sao Paulo, y mucho menos por anarquistas internacionales. Es el clamor de una sociedad sin condiciones dignas de trabajo, salud y seguridad social, sin acceso a la tierra y demás medios de producción, cansada de la guerra y de las posiciones extremas de sus dirigentes políticos. Una sociedad que padece la corrupción, que ve caer puentes, que verifica el deterioro del medio ambiente, que con desilusión reconoce que en su país no se respeta la vida humana, que no puede ignorar las fisuras en la justicia y en los organismos de control del Estado, con un presidente que a 15 meses de su mandato tiene una desaprobación del 69%, según revelaron los resultados de la más reciente encuesta Gallup Poll, de octubre de 2019[vi]. Iván Duque, quien tendrá que encarar la avalancha social que se avecina.

Finalizo diciendo que ninguna de las 5 razones aquí expuestas justifica actos de violencia. Existe en el gobierno, en la sociedad civil, y en los mismos organizadores de las marchas, una legítima preocupación por la posibilidad de que el jueves 21 de noviembre se presenten actos de vandalismo. De manera unánime hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. El caso vigente de Chile, en donde los desmanes, el saqueo y la torpeza han invadido las calles destruyendo la infraestructura de transporte público, afectando a los comerciantes con la destrucción de tiendas y centros comerciales, no puede replicarse en Colombia. Quienes deseen apoyar el paro y salir a marchar, que lo hagan, pero que lo hagan en paz.

NOTAS


[i]  “Se siguen sumando voces que convocan a la marcha del 21 de noviembre”, Nación Revista Semana, 11/13/2019.

[ii]  Casey, Nicholas. “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”. The New York Times, 18 de mayo de 2019.

[iii] Transparencia por Colombia (TpC). Informe “Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018”.

[iv] “El costo de la seguridad”. Confidenciales Revista Semana, 02/02/2019.

[v] Ríos, Jerónimo. “El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta”. Universidad de Sevilla. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 19, núm. 38, 2017.

[vi] El Espectador. “Desaprobación del presidente Iván Duque Márquez escala al 69 %: Gallup Poll”, noviembre 7 de 2019.

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